viernes, 13 de febrero de 2015

¿Otra vez, la filosofía  del perro del hortelano a las Comunidades Campesinas?




En vista que la economía ha venido en baja durante casi todo este gobierno,  el Poder Ejecutivo, del sector minero, ha propiciado flexibilizar las “trabas” en cuanto a las concesiones  se refiere en ese sector. Con ello, afectando  principalmente a territorios comunales.

Se publicó un Decreto Supremo N° 001-2015-EM, que tiene por objetivo, dice, impulsar la inversión vinculada a proyectos mineros de concesión de Beneficios,  de ActivExploración y Explotación de concesiones Mineras.
idades de
Con este Decreto, les dan la facilidad a las concesionarias el beneficio solicitado dentro de territorio Comunal, para eso, sin importarles leyes contrarias y superiores en jerarquía, de la manera como las otorgan.

Para lo cual , en esta flexibilidad de trámite, el solicitante a dicha concesión requerirá de los Registros Público, copia Literal de la partida registral donde conste inscrito el terreno superficial de la Comunidad; además, copia literal de la Persona Jurídica de la Comunidad y Copia Legalizada del Acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina que otorga la Autorización del uso del terreno superficial a favor del solicitante, así como los representante autorizados para firmar los documentos a favor de los solicitantes.

Sin irnos más allá, esta flexibilidad otorgada mediante este Decreto Supremo, cae en inconstitucionalidad. Por cuanto en la Ley N° 24656, artículo 7°, “Las tierras de las Comunidades campesinas son las que señale la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e imprescriptibles. Por excepción podrá ser enajenada, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad…”
Claro, usted dirá que en la ley referida se trata de enajenar. Pero, se trata de Disponer de sus tierras; es decir, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras.
Cuando a disponer se trata, nos vamos a la Constitución del 93, en donde en su artículo 89° dice: “Las Comunidades campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas Jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco de la ley establece…”
Y, a manera de Reglamento de esta suprema Ley, está la Ley N°26505, conocido como la Ley de Tierra, en donde en su artículo 11°, muy claramente dice: “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otros actos sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la Asamblea General con votos conforme de no menor de los dos tercios de todo los miembros de la Comunidad”











Por tanto, el Decreto supremo N° 001-2015-EM, es por demás  jalado los pelos, porque es de menor jerarquía que las Leyes citadas.
Es la Asamblea General Extraordinaria, con la asistencia de los dos tercios de los Comuneros Calificados, quien facultará, a quien designe, de efectuar las suscripciones del acto rogatorio. Y no así, el solo acuerdo de la Junta Directiva.
Lo que sucede, es que los impulsos a la inversión por parte del Estado, lo están llevando de manera vehemente, desesperada y sin ápice de preocuparse en mejorar las normas al trato directo.
Acuérdense que con DL  N° 1015 dictaminado en Mayo del 2008, en la época de Alan García, conllevó al “Baguazo”, quien tiene la filosofía “Del perro del hortelano”. Acaso queremos otro igual.

Hasta cierto punto, me parece que el Estado no tiene en consideración la participación de las Comunidades Campesinas  y Nativas, peor aún, en considerar las leyes que les ampara.

Para el Estado es acaso imponer procedimientos a costa de recortar derechos fundamentales.

Revisen el Decreto; y no esperen que los politiqueros asuman esta controversia.



domingo, 25 de enero de 2015

IMPEDIMENTO EN LOS TRAMITES DE 
TITULACIÓN DE TERRITORIOS COMUNALES
Presumo que estas dificultades solo  exista en la regional de Lima Provincias. Pues no he tenido la suerte de asesorar en cuanto a este tema fuera de Lima. Pero, preferible comentar este caso con la consigna de prevenir y se tomen correcciones por las autoridades responsables en bien de las Comunidades que, muy a su pesar, están empeñados a Titular su territorio.
Tengo a mi cargo dos Comunidades, ambos colindantes, a quienes les estoy organizando el Expediente Principal de Solicitud de Titulación o, la Solicitud del Levantamiento del Plano Definitivo del Territorio Comunal, Artículo 4° de la Ley 24657.
Pues el caso es, que a fines del año 2013, los directivos de estas comunidades, apenas tomaron posesión en la administración, en barias Asambleas, convencieron animar a sus bases a que le faculte iniciar las tratativas de linderamiento con sus colindantes Comunidades y Predios Particulares; fue así que la Asamblea, basado en el criterio sano y en la interpretación de las Leyes, Facultaron a sus directivos a suscribir Actas de Colindancias, Controversia, e incluso, las conciliaciones.
Se programaron comisiones para las diligencias, quienes acompañado de sus autoridades y personas entendidas de Planos y la manera de redactar las Actas de Colindancias iniciaron sus recorridos. Mal o buena, los linderos fueron señalados y marcados en mutuo acuerdo y en armonía; de igual, redactaron sus Actas de Colindancias suscribiéndolas ambas.

De esta manera, se concluyó en colocar hitos, marcas, o señalar referencias naturales.
Las Comunidades Campesinas poseen una extensión que supera  al término: Lotes, parcelas y predios; se les denomina TERRITORIO.
Sus Perímetro tienen una longitud que supera el Kilómetro. Y sus tramos, muy difícilmente, son líneas rectas; por lo general son SINUOSAS.


La Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural DIREFOR, ha fomentado la Titulación de territorio Comunal, con campañas de difu

sión en distintos lugares de la serranía de Lima, entregándoseles los requisitos que contendrá la Solicitud.
Pues bien, las Comunidades, en primera instancia, se acercaron a la mencionada dirección a fin de recabar informaciones y documentos Certificados, como son las Actas de Colindancias, Resoluciones, Planos, entre otros. Confeccionaron los Planos de Conjunto digitalizados más las Memoria Descriptiva, firmado por Ingeniero Inscrito en el Índice de Verificadores en el Registro Público, fichas registrales de Comunidades Inscritas, más las Vigencias de Mandatos, y otros de los Requisitos, de tal manera que se concluyó en “armar” el Expediente Principal.
Pues ya nos sentíamos muy cerca de entregar la Solicitud de Titulación a la DIREFOR y, presumiendo que, con la presentación  de la constancia de BUSQUEDA CATASTRAL, cumplíamos de nuestra parte por terminado nuestra gestión, y que, la DIREFOR,  haría la parte que le corresponde. Para la cual, presentamos ante los Registros Públicos LA BUSQUEDA CATASTRAL con mucho entusiasmo, dicho de paso, era la última de los requisitos que exige la DIREFOR; sin embargo, el Registro Público nos dio una ingrata sorpresa.
Que toda Búsqueda catastral deberán adecuarse a la Directiva N° 02-2014-SUNARP-SN, aprobado por Resolución N° 120-2014-SUNARP/SN, del 30 de Mayo del  2014.


















Esta Directiva dice, resaltando la parte inadecuada e incongruente de este requisito:
6.2.2. Requisitos Generales
a) El plano perimétrico y plano de ubicación deberán estar elaborados en una escala gráfica convencional (1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1,000, 1/5,000, 1/10,000 y otros) que permita la visualización y verificación de los datos técnicos, expresado en el sistema coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), especificando el Datúm y la Zona Geográfica al que está referido, debiendo graficarse el Norte de cuadrícula, la cuadrícula, los vértices, los ángulos internos, las medidas perimétricas de cada tramo, el perímetro total, los nombres de los colindantes y el área del predio.
b) El membrete del plano deberá contener la siguiente información: tipo de plano, escala, fecha, departamento(s), provincia(s) y distrito(s), nombre del profesional competente o verificador que elaboró el plano.
c) La Memoria Descriptiva, deberá contener los antecedentes registrales del predio en consulta, así como los nombres y apellidos de los propietarios y posesionarios actuales y anteriores, si los hubiera.
d) Los planos y Memoria Descriptiva, deberán estar firmados y sellados por el profesional responsable o verificador.

6.2.3. Requisitos Específicos

a) Si el área de consulta corresponde a un predio urbano, deberá de presentarse el plano de ubicación, donde se indique la posición del terreno, respecto de las calles adyacentes, indicando la distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio a evaluar, expresada en el sistema métrico decimal con una aproximación a dos decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del predio, el usuario podrá indicar la nomenclatura de calle, numeración municipal, nomenclatura de la manzana, número del lote, nombre de la urbanización.
b) Si el área materia de consulta, corresponde a un predio rústico, deberá de presentarse el plano de ubicación, donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que existieran en el lugar, y el área del predio a evaluar deberá estar expresada en hectáreas y con una aproximación a cuatro decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del predio, el usuario podrá indicar el número de la unidad catastral y/o el número de la parcela.

Los planos presentados podrán ser adjuntados en medios magnéticos (formato DXF, o DWG o SHAPEFILE), excepcionalmente para planos cuyos perímetros tengan tramos curvos o sinuosos la presentación será obligatoria.”


Y bien, como apreciará, esta directiva no se refiere en absoluto a Territorios Comunales.
Todas las referencias en cuanto a territorios Comunales se refiere, siempre las Leyes y Directivas hacen la diferencia, resaltando la inclusión de las Comunidades a las normas, cuando les corresponde.
En este caso; no existe indicios ni por lo menos mencionar…”igual para las Comunidades Campesinas”

Por último, de ser así, entonces la DIREFOR estaría inhibiéndose de sus responsabilidades, al exigir, dentro de sus requisitos, la búsqueda Catastral a la Comunidades Campesinas. Siendo que esta obligación recae en ellos.

Las comunidades se atribuye a confeccionar sus Planos, Memoria Descriptiva e incluso sus Actas de Colindancia, pero, sólo como medio de prueba aún no definida; es decir, los documentos y planos presentados, solo son una muestra en Borradura y la voluntad en su Titulación.


Las Comunidades por muchos años han estado en divergencia por unas áreas de terrenos debido que, según dicen, tener título ancestral; pero que en lo físico lo tiene en posesión la otra parte por muchos años en forma pacífica y pública. Siendo estos motivos que llevaron a dilatar el tiempo en querer recuperar hasta por medios beligerantes y judiciales; pero sin resultados. Sin entender que, a partir de la dación de la Ley 24657, Ley de Deslinde de territorio de Comunidades Campesinas, las titulaciones se concluye, fundamentalmente, en Actas de Colindancias, y claro, en áreas de Controversia.
Comprendiendo las Comunidades que los años trascurrido les hayan dado la amarga respuesta; entendieron, cuán importante es tener los títulos a las avalanchas de oficios de requerimiento del Trato Directo a, denuncios y servidumbres de parte de empresas nacionales y extranjeras. Todo esto, motivaron iniciar la gesta, con el apoyo de sus bases y autoridades locales, a tramitar sus Títulos.

Pues las Comunidades entusiasmados empezaron, como quien dice, “como partida de caballo; pero, con parada de burro...”
Esta “parada”, es justamente debido a la injusta Directiva N° 002-2014 SUNARP/SN, al Certificado de Búsqueda Catastral y, al Cambio a los nuevos Presidentes Regionales. Impuse que, posiblemente, dure dos meses, es decir Enero y Febrero del 2015; esperamos, luego de las designaciones al frente de la DIREFOR, estas dificultades sean superados por las autoridades según corresponda.

Deseo, en conclusión que, la SUNARP, adecue la directiva o de lo contrario, lo  exceptúe a las Comunidades. Por cuanto las Comunidades se rige por sus Leyes 24656, 24657 y la Directiva N° 10-2013-SUNARP-SN; y que la DIREFOR, cancele de exigir a la Comunidades, dentro de sus requisitos el de presentar, el Certificado de Búsqueda Catastral. (SUNARP)


Entiéndase que las Comunidades no están capacitadas para semejante requisito; esta búsqueda le corresponde a la Dirección Regional.
Sólo para dejar constancia; el ex PETT, hacían la búsqueda catastral en paralelo a las diligencias del Levantamiento de Plano de Conjunto; lo hacían en convenio con la SUNARP. Y por qué no ahora.
Además, las Comunidades no tienen la obligación de la referida Búsqueda Catastral.
Las Comunidades sólo tiene que presentar su Solicitud  cuando a su Titulación se refiere a la Dirección Regional correspondiente; y puto.

No lo digo yo, lo dice la Ley 24657; y para muestra, así  dice:
Artículo 3°. - Cuando las Comunidades Campesinas carecieran de títulos de las tierras que poseen, o hubiere disconformidad entre el área real y la que indican sus títulos o estos fueren imprecisos en cuanto a sus linderos, medidas perimétricas o tierras superficiales que comprende dicho territorio, tales defectos se salvaran en la forma que se establece en los artículos siguientes.
Artículo 4°. - La Comunidad Campesina que se encuentre en alguna de las situaciones indicadas en el artículo anterior, solicitara a la respectiva Dirección Regional Agraria el levantamiento del plano definitivo del territorio comunal, ofreciendo cualquier medio de prueba de la posesión y, si los tuviere, los títulos de propiedad y las aetas de colindancia, así como un croquis con indicación de los predios colindantes y los nombres de sus propietarios.
Artículo 5°. - Recibida la solicitud, la Dirección Regional Agraria, dentro del término de la distancia, practicara la diligencia del levantamiento del plano de conjunto y la determinación de las colindancias, con notificación personal a la comunidad y a los colindantes y con publicación en el diario encargado de los avisos judiciales del lugar, si los hubiere, y en el diario Oficial «EI Peruano».

Creo que está bien claro; por tanto, no es exigencia que las Comunidades Campesinas presenten el  Certificado de Búsqueda Catastral ante la SUNARP.


Mi preocupación es ahora que las autoridades los tomen a seriedad estos impase; por cuanto las comunidades, a fines del 2014 ya han estado organizándose por iniciativas de Frentes de Defensas.

Espero, esto no llegue a más allá de lo que debe.

sábado, 29 de noviembre de 2014

A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PERÚ; MIL DISCULPAS

Debido a mis constantes viajes de trabajo a lugares andinos del Perú, los administradores de estos medios de comunicación han hecho llegar notificaciones a mis correos, quien por el hecho descrito, descuidé las obligaciones de estar al tanto de los requerimientos solicitados; pues supongo, que  por tal motivo, no ingresa ninguna nota dirigida a mi correo;gracias a una Comunidad de Cerro de Pasco, Comunidad Campesina de Huaraucaca, fue quien me puso en alerta; fue así que revisando mi correo; comunidadescampesinas_ega@hotmail.com., pues está prácticamente bloqueada desde el 07 de Octubre del presente.

Por lo cual; y, para seguir manteniéndonos siempre en comunicación, he tenido que añadir los correos: ega-comunidades-campesinas-@hotmail.com; y: asesor.consultor.ega@gmail.com. 

Deseando su compresión, y esperando reiniciar nuestras comunicaciones, les pido mil disculpas.



jueves, 27 de noviembre de 2014

INSCRIPCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA COMUNAL 2014



La inscripción de una Nueva Junta Directiva Comunal sigue siendo el dolor de cabeza de las Comunidades Campesinas.
A fin de mejorar la comunicación, referente a este tema, voy a imaginar que  tengo al frente conversando conmigo a un preocupado comunero haciéndome las preguntas del caso.

--. Vea usted señor, hace dos años hemos elegido a nuestros directivos por vía Judicial; y ya  pasaron cinco meses y aún no hemos elegido ni siquiera al Comité Electoral, mi pregunta es, ¿Volveremos a elegir nuevamente por esa misma vía Judicial a nuestros nuevos Directivos?

--. Pues NO señor; el mismo Presidente, que hace cinco meses concluyó su mandato, es el  facultado a convocar a una Asamblea General con la Finalidad de Elecciones de la Nueva Junta Directiva. Sin embargo, primero, tienen que elegir a un Comité Electoral, siendo éste, quien fijará la fecha de las Elecciones de la Nueva Junta Directiva. (Art. 44° R N° 086-2009-SUNARP/SN; y, el numeral 5.12 Directiva N° 10-2013-SUNARP/SN)

--. Pero resulta que solo hay UNA listas de candidatos. Debido a este problema se ha extendido el tiempo  a fin que participen más listas.

--. Pues ahora no es materia  de observación la elección de Directiva Comunal con participación de una sola lista; bastará que vayan a sufragar la mayoría, es decir, la MITAD MAS UNO. (El numeral 5.16.5 Directiva   N° 10-2013-SUNARP/SN)

--. En mi comunidad están acostumbrados a tener una asamblea mediante la presencia de aproximadamente de 120 comuneros; pero, en el Padrón Comunal están registrados más de 300 comuneros. Resulta que los acuerdos tomados las cumplimos sin ningún inconveniente; sin embargo, cunando se trata de elegir nuevas Juntas Directivas, NO alcanzamos quórum reglamentario y que nos exige el Registro Público; motivo por la cual las convocatorias las hacemos muchas veces hasta alcanzar el quórum. Dígame, ¿podremos solucionar este impase?

--. Si usted me dice que, para elegir las Nuevas Juntas Directivas, previamente realizan barias convocatorias; pues entonces ustedes no está enterado que las asistencias a las Asambleas Generales tienen carácter de obligatorio (Art. 28°; e, incisos  “c” y “d” Art. 36° DS N° 008-91-TR); pues en aplicación a los artículos referidos, una vez constituido el quórum, primeramente deberán descalificar a los comuneros de estas faltas, pero anticipándoles las notificaciones por ser requisito. Entonces verán que para esa Asamblea el Local Comunal estará repleto. Sin contemplaciones, deberán ser descalificados. De esta manera estarán reduciendo el número de Comuneros Calificados a la vez que se elaborará el Nuevo Padrón Comunal; y en la misma, eligen al Comité Electoral.
                En otras Comunidades las resuelven muy rápidamente; usted dirá cómo. Pues en el Estatuto Comunal, con registro en SUNARP, las tiene ya contemplada; por ejemplo dice “Con dos inasistencias a las Asambleas Generales, sean Ordinarias o Extraordinarias, serán automáticamente Descalificados y excluidos del Padrón Comunal. Salvo dispensa anticipada de 48 horas, verificado por un comité posteriormente, presidida por el Fiscal”
                He escuchado decir en algunas Comunidades que, El Comité Electoral o la Junta Directiva, mediante su secretario, realizan un EMPDRONAMIENTO. Este no es lo que contempla la Ley.
Son los Comuneros que ya tiene más de CINCO años con domicilio dentro del territorio comunal  los que SOLICITAN SER COMUNEROS CALIFICADOS, solicitud que la dirigen al Presidente de la Directiva Comunal, y éste, las consulta en una Asamblea General en donde las aprueban o las descalifican. Y no al revés, que muy fácilmente por medio del empadronamiento se encuentran en el Padrón Comunal, sin que para ello hayan pasado por la aprobación de la Asamblea General. Incluso sé que en algunas comunidades cobran para empadronarlos. Otros aprovechan no cobrar a fin que su postulación a una nueva reelección sean favorecidos por los empadronados, sin medir que estos nuevos comuneros ni siquiera tienen interés de pertenecer a la comunidad; peor aún, de seguro, que NUNCA irá a las Asambleas Generales.




Ojalá sea de provecho este diálogo.  Es tiempo de las Elecciones Comunales. Suerte a todos

miércoles, 6 de agosto de 2014

CASOS QUE OCURREN EN LA GESTIÓN DE UNA COMUNIDAD CAMPESINA EN POS A SU TITULACIÓN

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A partir del mes de Abril  hasta mediado de Noviembre son propicias las Inspecciones Oculares que podrían realizar las Brigadas de titulación de la Región Agraria respectivas en los territorios Comunales; en donde, en esta diligencia, confrontan los Planos de Conjunto y las Actas de Colindancias que volverán a señalar por las notificados Presidentes de las Comunidades campesinas. Posteriormente a estas fechas las lluvias son los impedimentos a proseguir a una buena diligencia.
Pues las Comunidades Campesinas ya deben empezar a dar inicio a la formalización de sus Expediente Principal de Titulación, previamente acercándose a la oficina de la Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural - DIREFOR de cada Regional Agraria, que ya cuentan con dichas facultades.

Recomiendo, previa a la formalización, es decir, a la elaboración de la solicitud de titulación de sus territorio comunal, las Comunidades Campesinas deberán cerciorarse  si, sus colindantes están o no tituladas. Esto, con la finalidad de obtener las fichas registrales de las que cuentan con Título; mientras los que no la tienen, hay que suscribir Actas de Colindancias.



Cuando en repetidas veces, con visitas al campo, hayan definido sus linderos de colindancias en mutuo acuerdo, sugiero, que las Actas de Colindancias la redacte con mucha claridad descriptiva, de no contar con especialistas de la materia, solicitar a Profesores que no siempre existen en los centros Poblados; utilizando términos como: “por cumbres naturales”, “sigue el cauce del río aguas abajo o arriba”, “desciende (baja) o asciende (sube) por la quebrada NN” , asciende al Cerro NM” “llegando a la confluencia de la quebrada o río OP”, etc. etc.;  de modo que, tanto la brigada y el Registrador no tenga dificultad en entender las Actas suscritas, como de igual manera estarán en la Memoria Descriptiva.
                     

Existen casos que durante el proceso de la Elaboración del Plano de Conjunto, el especialista, en compañía de los interesados Comunidades y Plano en mano, recorren los linderos con la Ficha Registral de su Colindante Comunidad, se sorprenden ver que el señalamiento del lindero colindante no es como ellos lo esperaban; es decir, ver que sus linderos sean recortados; entonces, parte de los comuneros desean se suspenda la titulación mientras se converse con la Comunidad Colindante a fin de firmar una Nueva Acta de Colindancia.
El problema es más complicado aun cuando dicha Comunidad fue Adjudicado por la Ex Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) por intermedio de la Comisión Liquidadora de la misma, siendo esta, socia de dicha Sociedad Agrícola.
Pues, de nada le servirá paralizar la elaboración del Plano de Conjunto, dado que, si piensan que la Comunidad colindante les firme una Acta de Colindancia, pues este proceso de la CORRECCIÓN durara aproximadamente tres años.
El motivo de este fundamento es que, el Acta de Colindancia entre ambos no es válida. El quien deberá firmar y corregir es la Comisión Liquidadora, es donde tiene que recurrir, claro está con la aprobación de la Comunidad Colindante a cual se le está reclamando. Ambas, Tanto la Comisión Liquidadora y la Comunidad Colindante aprobaran por Asamblea General Extraordinaria; así mismo la Comunidad Reclamante.
La Comunidad Reclamante y la Comunidad Colindante solicitarán dicha subsanación acompañando copia notarial del acuerdo para tal fin.
La comisión se reunirá en Asamblea general Extraordinaria a fin aprobar y a la vez inscribir dicha Facultad ante el Registro Público.
Este área de terreno estará conformada por un Plano Perimétrico y Memoria Descriptiva y las Actas en donde se acuerda dicha adjudicación y el Acta de Facultad registrada previamente.
Obtenida dicha adjudicación se puede corregir el Plano de Conjunto que se venía elaborando (anteriormente) y que a consecuencia de dicho reclamo se paralizó.
Por la forma descrita, aparentemente pareciera que esta gestión puede durar en un lapso de tiempo muy corto; pero en realidad esto, puede durar aproximadamente hasta tres años; pero es recuperable si sucede del modo descrito. Siempre y cuando la Comunidad vecina haya aceptado que hubo error. Pero a ciencia cierta ¿Creen que la Comunidad vecina ceda su territorio cuando ya está adjudicada? Ojalá.

Pero esto; al parecer, durará más tiempo; porque cuando la Comisión Liquidadora solicitó el Apoyo Técnico en la Elaboración de los Planos de Parcelación  a la Dirección Agraria Departamental, y esta, expresando su conformidad emite, por intermedio de la ex Unidad Agraria Departamental, una Resolución de Aprobación del Plano definitivo de Parcelación y el Cambio de Modelo Empresarial de la referida SAIS, además, autorizándose la Transferencia en Propiedad a sus Comunidades Campesinas Socias en el año de 1990; esta Dirección, elaboró el Plano de Parcelación sobre el Plano Perimétrico de Afectación levantado por la Sub Dirección de Reforma Agraria de la Zona Agraria X en el año de ¡¡ 1969 !!  ¡ 20 años después!

Es decir que dicho lindero ya estaban definidas ¡¡hace 44 años a la fecha!!

Con estas confirmaciones, ni la Comisión Liquidadora tiene facultad ni participación de esta reclamación de linderos; sino, la Sub Dirección de Reforma Agraria de la Zona Agraria X, quien en su momento del levantamiento de afectación debieron haber notificado a los colindantes a fin de la verificación y aprobación.

A este caso se añade que, en la resolución que se alude arriba, se aprueba también el Modelo de Contrato de Transferencia en Propiedad, que consta de doce (12) cláusulas, en donde en una de ellas, la Novena, dice “Las parcelas que se transfieren por el presente contrato, tiene carácter de indivisible, con la finalidad de evitar minifundio”.
Quien sabe, la parte de lo indivisible, evitando minifundio, sea entendida como un reclamo de un área de terreno por error y, el no haber notificado a las Comunidades colindantes en este levantamiento de afectación.

                           


En este caso descrito, no sería recomendable paralizar la elaboración del Plano de Conjunto, sino, paralelamente seguir por cuerdas separadas el reclamo por la vía de la conciliación, evitando la Judicial. Este último es la más probable.

domingo, 15 de junio de 2014

Editorial: El sueño de la propiedad propia
Deben reconocerse legalmente las propiedades privadas que, de facto, ya existen al interior de muchas comunidades.
EL COMERCIO.- OPINION.- SÁBADO 14 DE JUNIO DEL 2014
Editorial: El sueño de la propiedad propia

Ya se sabe que el derecho de propiedad que no se puede probar clara y fácilmente vale menos que el que sí. Es lógico que así sea: uno descuenta de lo que está dispuesto a pagar por algo lo que le costaría hacer que los demás lo reconozcan como el dueño de ese algo. Por el mismo motivo, el derecho de propiedad que no se puede probar clara y fácilmente no sirve para obtener créditos o sirve solo para obtener créditos en condiciones muy castigadas: los bancos –y cualquier otro prestamista– no consideran que sirve de mucho la “garantía” cuya eventual propiedad (en caso de que su deudor no les pague lo que les debe) les podría ser discutida sin esfuerzo.
Puesto en otras palabras, los derechos de propiedad sobre los que no hay títulos claros constituyen un desperdicio de riqueza, tanto para sus (precarios) titulares como para la economía en la que existen.
En el Perú este desperdicio no es pequeño: según el Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) del 2012, ni más ni menos que el 24,64% de las parcelas rurales carece de un registro que identifique a sus propietarios. 
Es, pues, muy positivo que este gobierno se haya propuesto hacer algo por titular la propiedad rural en el país, para lo que el Ministerio de Agricultura (Minagri) obtuvo hace un tiempo un préstamo de US$50 millones de una organización internacional. Y es también de saludar que el defensor del Pueblo acabe de recordar la prioridad de esta misión al gobierno, haciendo énfasis en el caso de la propiedad colectiva de las comunidades campesinas y nativas, que son las titulares de buena parte de los predios rurales con problemas de titulación que existen en el país.
El problema, en medio de la buena noticia, es que ni el Minagri ni ladefensoría han hablado de reconocer la propiedad individual que, de facto, existe en el seno de las comunidades, asumiendo, aparentemente, que sus miembros prefieren seguir con el esquema de propiedad colectiva que hasta hoy les manda la ley. 
¿Por qué mantendrían el Minagri y la defensoría una asunción así? No se nos ocurre otro motivo que la inercia. Después de todo, la concepción de los comuneros peruanos como personas colectivistas por naturaleza fue empujada con mucha fuerza por ideologías que tuvieron un gran apogeo en el país –el  gobierno del general Velasco, de hecho, hizo de ella una especie de emblema– y ha de resultar difícil cuestionar una visión que nos fue inculcada a generaciones de peruanos desde nuestra educación escolar.
Para quien no parece haber sido tan difícil hacer este cuestionamiento, sin embargo, es para los propios comuneros, quienes desde hace tiempo vienen creando propiedades individuales de facto en el medio de sus comunidades y heredándoselas de padres a hijos, con el reconocimiento del grupo. De hecho, el propio Cenagro del 2012, elaborado por el INEI, recoge 1’555.134,31 hectáreas como pertenecientes a miembros de comunidades campesinas. ¿Cuántas de las parcelas de ese 24,64% que queda sin titular pertenecerán también a miembros individuales de estas comunidades?
La respuesta a la pregunta anterior parecería ser “muchísimas”. Al menos a juzgar por las escrituras ante jueces de paz o ante notarios locales, los documentos de compraventa, los testamentos y toda la rica lista de recursos con que los comuneros intentan “legalizar” su propiedad individual. Intento este que, sin embargo, está condenado al fracaso –de ahí las comillas–, puesto que el Estado solo está dispuesto a reconocerlos como propietarios colectivos, al margen de lo que ellos piensen al respecto. Y a nadie parece resultarle esto discriminatorio y menos que a nadie a los supuestos “protectores” de las comunidades. Los demás peruanos no estamos obligados a ninguna asociación, pero los comuneros sí, porque “nacen” dentro de una y seguir en ella es, por lo visto, lo que les corresponde. Lo contrario –permitir que los “antropos” les resulten contestones a los antropólogos– no parece ser una opción.

Desde luego, dicen los “defensores” del sistema comunal que el “neoliberalismo” quiere destruir las comunidades, que son mucho más que propiedades: modos de vida, sistemas culturales, tradiciones. Pero no se llega a entender cómo una reforma que trate de reconocer exclusivamente a quienes ya han optado –o deseen optar en el futuro– por una determinada forma de propiedad (con el consentimiento implícito de sus comunidades) puede suponer “destruir” su modo de vida. Los modos de vida no se pueden “proteger” de buena fe contra la voluntad de quien los vive

martes, 13 de mayo de 2014


La titulación como palanca de desarrollo

DOMINGO 16 DE FEBRERO DEL 2014 

El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, escribe sobre el programa estatal de titulación de predios rurales

La titulación como palanca de desarrollo
MILTON VON HESSE
Ministro de Agricultura y Riego
De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2012, existen en el Perú más de cinco millones de parcelas que representan una superficie agropecuaria que supera las 38 millones de hectáreas. El Censo Agropecuario reveló, asimismo, que apenas un millón de dichas parcelas cuentan con un título de propiedad inscrito en los Registros Públicos, lo que significa, en cristiano, que solo poco más de un tercio de la superficie agropecuaria de nuestro país se explota en condiciones de formalidad.
¿Es importante formalizar a los dos tercios restantes? La respuesta simple y concisa es sí. Estudios internacionales realizados por diversos investigadores e instituciones de prestigio en el ámbito mundial (Banco Mundial, Feder y Hoff) y nacional (ILD, De Soto y Grade, Escobal) han demostrado que los agricultores que realizan sus actividades en un entorno de seguridad jurídica y formalidad se diferencian de los que no lo hacen en que acceden más al crédito, registran una mayor inversión y una mayor productividad por hectárea.
En el caso peruano, además, la formalización de la propiedad de la tierra rural ha sido una herramienta poderosísima en la lucha contra el narcotráfico y la explotación ilegal de madera. La región San Martín y su ex presidente César Villanueva demostraron claramente que en la medida que cada centímetro cuadrado de su territorio esté asociado a un número de DNI, el incentivo para actuar fuera de la legalidad desaparecerá.
Durante la década pasada, la institucionalidad que estaba encargada de ejecutar la política de titulación y registro de tierras sufrió modificaciones profundas cuando se fusionaron el PETT y Cofopri y, luego, se trasladaron las competencias en materia de titulación de Cofopri a los gobiernos regionales. Estas modificaciones han tenido como correlato que el proceso de formalización de tierras rurales haya avanzado muy poco.
En el presente gobierno, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)ha retomado el papel como ente rector en materia de titulación de tierras rurales, comprendiendo a las comunidades campesinas y comunidades nativas, con el propósito de tener una relación de cooperación más estrecha con las autoridades regionales, que mantiene la competencia y la función de titulación en áreas rurales, para brindarles la asistencia técnica en el proceso de saneamiento y formalización.     
Para ello, el Minagri trabaja con el BID la elaboración de un proyecto por US$50 millones, cuya finalidad es el saneamiento y formalización de la propiedad rural, comprendiendo la titulación de las comunidades campesinas y nativas. Este proyecto tiene, entre sus componentes, el fortalecimiento institucional para la formalización y administración de las tierras rurales; la actualización de los datos catastrales rurales existentes y fortalecimiento del catastro rural y registro de tierras; así como la administración, monitoreo y evaluación. Se estima que en el segundo semestre de este año se inicie la ejecución del crédito.