Ministerio de Energía atropella derecho a la consulta de comunidades campesinas

Fuente: Por  Servindi ,19-04-2013. 

 

Servindi, 19 de abril, 2013.- Tomando como pretexto la no publicación de la base de datos de pueblos indígenas el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió desconocer y atropellar el derecho a la consulta de todas las comunidades campesinas del Perú, incluyendo la Comunidad San Juan de Cañaris, actualmente en conflicto.

La postura del Minem se dio a conocer de manera oficial a través de un oficio que ingresó a la Defensoria del Pueblo el 12 de abril, suscrito por Fernando Castillo Torres, Director de la Oficina de Gestión Social del Minem.

En él señala que la consulta previa en Cañaris “resulta inviable” mientras no se concluya con la creación de la base de datos oficial prevista en el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

Atropello a derechos de Cañaris

La posición trasgresora de derechos del Minem se produce precisamente en respuesta a un oficio de la Defensoría del Pueblo en la que éste organismo recomienda al Poder Ejecutivo garantizar el derecho a la propiedad y el derecho a la consulta previa de la Comunidad de San Juan de Cañaris.

La Defensoría del Pueblo sostiene en su oficio 179-2013/DP del 24 de enero enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que cualquier medida administrativa que afecte a dicha comunidad debe sujetarse al procedimiento de consulta previa.

Recuerda que los pobladores de San Juan de Cañaris se autorreconocen como indígenas, existe un 64 por ciento de personas que tienen el quechua como lengua materna y tienen un reconocimiento de sus tierras comunales desde 1956.

El abogado especialista Juan Carlos Ruíz Molleda advierte que ya son varios actos administrativos del Minem que a pesar de afectar directamente a la comunidad campesina de Cañaris, no han sido consultados.

Entre ellos menciona, por ejemplo, la omisión de consultar la resolución directoral que aprobó la evaluación ambiental y la resolución directoral que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto de exploración minera “Cañariaco”.

A su juicio, el Minem “evidencia un total desconocimiento de las normas elementales que regulan el funcionamiento del ordenamiento jurídico” y “que linda con la mala fe y la arbitrariedad”. (1)

El pretexto de la base de datos

Tanto el viceministerio de Interculturalidad como la Defensoría del Pueblo han sido muy explícitos en afirmar que la falta de publicación de la base de datos sobre pueblos indígenas no exime al Estado peruano de la obligación de cumplir con el derecho a la consulta previa.

La Defensoría del Pueblo, en su oficio 282-2013/DP del 7 de marzo de 2013 dirigido a la PCM recomendó al Minem implementar procesos de consulta previa en alrededor de catorce proyectos mineros en los que se ha verificado la existencia de pueblos indígenas, incluido el que concierne a la Comunidad San Juan de Cañaris.

La posición del Minem pretende dejar en el limbo el derecho a la consulta previa de las comunidades campesinas amparado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el Perú desde 1995 y normado en su aplicación por Ley 29785.

Cabe precisar que el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, ha expresado que la Base de Datos Oficial sobre Pueblos Indígenas no tiene una fecha cierta de publicación, con el argumento de que una acción legal que cuestiona los criterios de su elaboración impide su publicación.

La Defensoría del Pueblo y diversas instituciones de la sociedad civil han solicitado al Ejecutivo cumplir con publicar la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios como una fuente de información que ayude a preparar procesos de consulta.

Señala además que es una obligación legal prevista en los artículos 19 y 20 de Ley de Consulta Previa 29785 y en los artículo 28 y 29 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 001-2012-MC.

Piden crear un Ministerio de Pueblos Originarios e Indígenas en el Perú

Fuente: RED - PACHAMAMA

La creación de un Ministerio de Pueblos Originarios e Indígenas del Perú fue uno de los principales acuerdos del Segundo Encuentro Nacional de Pacto de Unidad, afirmó el alcalde del Centro Poblado de Uros-Chulluni, Víctor Panca Mendoza.

También se vio la creación de gerencias y subgerencias de asuntos indígenas en los gobiernos regionales y municipales, porque los pueblos originarios no tienen representatividad en esas instancias.

La autoridad edil, manifestó que estos acuerdos serán viabilizados por el Gobierno central, regional y local, donde los dirigentes exigirán el cumplimiento presentado las propuestas respectivas.

Finalmente, señaló que el referido encuentro se desarrolló los días 8 y 9 de abril en la capital de la República donde participaron cerca de 200 representantes de los pueblos originarios del país de diversas organizaciones.

Por Karin Chacón

Convocatoria a la III Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú

Fuente: Revista Generacción. Miércoles 17 de abril 2013

III ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERU

Foto: Difusión

Tenemos el gran honor de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente a nombre propio y del Comité de Defensa Nacional de los Pueblos del Perú- Región Ayacucho, a la vez comunicarle que conforme al acuerdo de la II ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL MACROCENTRO DEL PERU, desarrollado el día sábado 19 de enero de 2013, en el Distrito de Morococha-Junín, cumplimos con convocarle a la III ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ, magno evento a desarrollarse conforme al siguiente detalle:

Fecha: sábado 4 y domingo 5 de mayo del año 2013.

Lugar: Ayacucho-Perú.

Hora: 8:00am

ORGANIZADOR: Comité de Defensa Nacional de los Pueblos del Perú-Región de Ayacucho (FRENTE DE DEFENSA DEL PUEBLO DE AYACUCHO-FREDEPA, FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE AYACUCHO-FEDCCA, FRENTE DE DESARROLLO COMUNAL Y AFECTADOS POR EL TRANSPORTE DE GAS DE CAMISEA-FREDCOM-AFCAMISEA, FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-FUSCH), los mismos que asumirán la alimentación y alojamiento.

AGENDA:

1.- EXTRACCIÓN MINERA Y CONSECUENCIAS MEDIO AMBIENTALES.

2.- REALIDAD NACIONAL DEL PROYECTO GAS DE CAMISEA.

3.- ¿LA GRAN TRANSFORMACIÓN O LA GRAN CONTINUIDAD DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA?.

4.- DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y ROL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.  

Sin otro particular; aprovechamos la oportunidad para manifestarle los sentimientos de nuestra  especial consideración y estima personal.

COMITÉ DE DEFENSA NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ REGIÓN AYACUCHO

Informes: #0052077, 998972077, 966608560, 948958530, #262679, 949621118

Indigenas de América exponen sus demandas

CUMBRE INTERNACIONAL DE LA XIII SESIÓN ORDINARIA DEL PARLAMENTO INDÍGENA DE AMÉRICA, PIA

Fuente: Managua, Nicaragua | elnuevodiario.com.ni, 15 de abril de 2013 | 00:00:00

Con la participación de representaciones de 10 países de las Américas

Política

Los indígenas en América Latina comparten la falta de cumplimiento de sus

 derechos, la explotación de sus recursos naturales en zonas de reserva, y la  contaminación por la minería, a excepción de Bolivia, donde los pueblos  originarios gobiernan con un Presidente indígena, según lo expuesto en la cumbre internacional de la XIII Sesión Ordinaria del Parlamento Indígena de América, PIA, que se llevó a cabo en Managua la semana pasada, en la Asamblea Nacional de Nicaragua, con la participación de representaciones de 10 países de las Américas.

México

Indígenas no son prioridad en el parlamento

Carlos de Jesús Alejandro, diputado Federal de México por el pueblo indígena nahua, expresó que una de las principales problemáticas de los indígenas en su país, es la falta de representación en el Congreso Federal, donde son una minoría de 13 diputados que se asumen como indígenas, de un total de 500 integrantes del parlamento.

“No podemos avanzar con nuestras reformas legislativas, es un proceso muy lento, necesitamos conseguir aliados para aprobar iniciativas y cuesta mucho concretarlas por ser una minoría y porque también el tema indígena deja de ser una prioridad en la Cámara de Diputados”, dijo el diputado mexicano, quien agregó que en México no existen partidos políticos indígenas, por eso tienen que recurrir a los partidos tradicionales.

En México existen 62 pueblos indígenas, con más de 360 variantes dialectales y representan el 17% de una población total de 112 millones de habitantes.

Ecuador

Invasión y explotación de recursos naturales

Lourdes Tibán, indígena de origen kichwa y diputada ante la Asamblea Nacional del Ecuador, manifestó que el problema histórico de los pueblos originarios en su país, es la falta de cumplimiento de los derechos constitucionales que prohíben la invasión y la explotación de sus recursos naturales.

También expresó que los indígenas siempre han luchado por la legalización de sus tierras, y aunque en alguna medida eso se ha cumplido, explicó que el derecho territorial lo tiene el Estado, así que cuando en un territorio indígena se detecta un mineral, el Estado lo manda a explotar.

Ante estas situaciones, Tibán explica que los indígenas tienen derecho a la resistencia, pero cuando salen a marchar por sus derechos “son criminalizados por el Estado, el cual los señala de actos de terrorismo”.

En Ecuador el 30% de la población general son indígenas, de una cantidad total de 14 millones de habitantes.

Honduras

Falta de servicios básicos en la zona selvática

Maylo Word Granwell, diputado de origen miskito de Honduras y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en ese país, mencionó que una de las principales problemáticas de los pueblos originarios es la falta de servicios básicos en los poblados ubicados en lugares selváticos, sin embargo, reconoció que este gobierno ha demostrado voluntad de mejorar sus condiciones.

Aun así, las condiciones económicas del país no han permitido su desarrollo, “pero sí existe la voluntad política” y han entregado títulos en los territorios indígenas.

En Honduras existen nueve pueblos indígenas, que representan el 12% de una población de 8 millones de habitantes.

Nicaragua

Despale indiscriminado y explotación minera

Guillermina Moreno Pomares, representante de la comunidad indígena Virgen del Hato, ubicada en El Viejo, Chinandega, relata que la principal problemática en este lugar es la carencia de alimentos y recursos para el cultivo, y el despale de parte de los “tomatierras”.

Moreno manifestó que los “toma-tierras” han desplazado a los indígenas en el campo y que “en vez de pelear, se van a la ciudad”.

Virgen del Hato abarca un territorio de 2 mil 800 manzanas, reconocidas por el Gobierno como tierras indígenas, pero por no tener título, los colonos se las toman y las venden.

Rolando Devis Jacobo, del territorio mayangna sauni, ubicado en la Región Autónoma Atlántico Sur de Nicaragua, denunció la invasión de los territorios indígenas en el centro y el norte del país, donde descubren que existen recursos minerales. Los mayangna sauni representan una población de 10 mil habitantes.

Perú 

Falta de demarcaciones de los territorios indígenas

Claudia Coari Mamani, indígena peruana y diputada al Congreso de la República por la región de Puno, asegura que los principales problemas para los indígenas de Perú son la demarcación territorial y la contaminación ambiental por la minería.

“En el Perú, en varias de las regiones estamos en caos, porque no hay una demarcación ni ubicación de los hitos que teníamos antes, de nuestros ancestros, y por causa de eso hay problemas constantes de pueblo a pueblo”, manifestó Coari.

Los indígenas están demandando que se defina la demarcación territorial, pero también la población en todo momento se reúne y protesta para exigir una ley que tome en cuenta a los indígenas.

Coari asegura que en Perú los indígenas representan al menos el 70% de una población de más de 30 millones de habitantes, sin embargo, explicó que aún no se ha realizado un censo desde el 2011.

Bolivia

Pueblos indígenas de Bolivia están en el Gobierno

Patricia Mancilla Martínez, indígena de origen aimara y diputada ante el Congreso de Bolivia, fue la única que no se quejó de su Gobierno. “No tenemos muchos problemas, aprobamos las leyes a favor de los pueblos indígenas, las leyes que aprobamos vienen desde abajo junto con las organizaciones sociales, los indígenas son consultados, por lo tanto las leyes son socializadas, por eso no hay muchos problemas”, expresó Mancilla.

En el parlamento de Bolivia, de un total de 130 diputados, solo 40 son mestizos que representan a partidos tradicionales, los demás son de origen indígena. A nivel nacional, los indígenas representan el 80% de una población total de 10 millones, de acuerdo con el actual censo, aseguró Mancilla.

Antes de que llegara al poder el actual Presidente de Bolivia, Evo Morales, los indígenas no eran tomados en cuenta y no estaban representados en el parlamento. En Bolivia existen 36 nacionalidades indígenas, con diferentes dialectos.

Chile

Despojo de los derechos territoriales

Eugenio Tuma Zedan, senador de la Asamblea de Chile, no es de origen indígena pero ha sido electo cuatro veces al Senado por representar los intereses de la zona de mayor concentración de indígenas en Chile, llamados mapuches.

Expresó que la problemática histórica es el despojo de sus derechos territoriales. En ese sentido relató que con la colonización de los españoles solo les otorgaron 5 millones de hectáreas, y que en los años 90 ya solo contaban con menos de 500 mil hectáreas.

El diputado manifestó que pese a que esos territorios fueron reconocidos por el Estado con “títulos de gracia”, estos no se inscribieron y luego fueron otorgados a colonos que se instalaron en los territorios indígenas.

“No hay conciencia nacional respecto al daño que el Estado le hizo a los pueblos originarios y por esa razón hay actos de violencia desde el año 1900 hasta ahora”, relató el diputado.

En Chile los indígenas representan el 9% de una población de 17 millones de habitantes. El principal grupo es el mapuche, seguido de los pueblos aimara.

Bienvenido a este blog; mil disculpas por la demora. Ega

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FORO NACIONAL: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 21-03 2013

Fuente: Bajo la Lupa

Especialistas piden política de planificación territorial

Álvaro Campana: “Existe un desordenamiento territorial en el país que se basa en que el mercado puede regularlo todo, incluido el territorio”

Una política de procesos de planificación es lo que plantearon los participantes al Foro Nacional de Ordenamiento Territorial. Expertos, representantes del Ministerio del Ambiente, de Agricultura y de Economía y Finanzas compartieron ponencias con los representantes de comunidades campesinas, quienes expusieron sus experiencias en procesos de ordenamiento territorial en sus territorios para un aprovechamiento potencial de sus recursos y una forma de emprender camino al desarrollo.

Shupluy es una comunidad campesina de Áncash que alberga 70 familias, es una de las comunidades pilotos que ha realizado su plan de ordenamiento territorial. Su alcalde, Guillermo Ybarra considera importante que el ordenamiento territorial empiece desde los distritos, pasando por las provincias y en coordinación con las regiones: “Solo de esta manera se podrá enlazar adecuadamente todos los aspectos necesarios en este proceso”, señala.

Coincidiendo con Ybarra, Clara Cruzalegui del Ministerio de Agricultura dijo que “se requiere conocer desde muy adentro la situación desde lo local, además de impulsar un equilibrio entre el desarrollo de las actividades económicas y las prioridades de cada localidad”.

Todos los representantes de las comunidades son conscientes del significado de la planificación del ordenamiento territorial: “si no mantenemos nuestros terrenos, evitamos que se deteriore la biodiversidad y cuidamos el agua, no podemos hablar de soberanía alimentaria, y sin ello no tenemos salud. Como autoridad, queremos que de aquí a 15 años nuestro distrito tenga más áreas para el agro, con lugares de conservación, en armonía entre todas las partes", agregó el alcalde de Shupluy.

Para trazar el camino del ordenamiento territorial se requieren verdaderas reformas y voluntades de todo tipo. La especialista el OT, Silvia Pasunni de Cooperacción considera que se necesita aún mayor información de lo que implica la zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial: “Debe servir de guía la gestión de conflictos no sólo socio ambientales sino de demarcación territorial, pues el OT implica seguridad alimentaria, gestión de conflictos, descentralización, gestión de riesgos, otras aristas del ordenamiento territorial”.

Siguiendo esta línea, el sociólogo Alejandro Chirinos, de Cooperacción dijo que “falta una Ley de OT, pero que eso no debe ser un obstáculo para seguir promoviendo el proceso. Hay que seguir levantando evidencias de que estos procesos sí funcionan y que se hacen más allá de la norma. El OT no es un instrumento sino un proceso para recoger la forma de ver de las comunidades y promover la inclusión social”.

Por su parte, como ponente de uno de los temas del foro: “Ordenamiento territorial, descentralización y gestión de conflictos”, Álvaro Campana de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, advirtió que “existe un desordenamiento territorial en el país que se basa en que el mercado puede regularlo todo, incluido el territorio. Tenemos una institucionalidad muy débil para regular esta situación. Si se sigue la lógica del libre mercado, la planificación es una mala palabra, las instituciones que deben hacer parte de las gestiones ambientales y de ordenamiento territorial están pasmadas. Y hay reformas detenidas como la descentralización al igual que los procesos de participación”, dijo.

Recordó, además, que los conflictos sociales se han multiplicado, especialmente, los de carácter socioambiental relacionados con las actividades extractivas. Además se refirió al modelo de desarrollo que se ha centrado en lo primario exportador y de acumulación. “Hablar de conflictos sociales no es negativo. Son propios de una sociedad democrática donde hay intereses diversos que muchas veces no son compatibles y necesitan ser negociadas”, dijo y agregó preocupado que “en el Estado prevalece el rol promotor de inversiones privadas antes que el de garante de derechos”.

Representando a los gobiernos rurales, David Quispe de la Red de Municipalidades Rurales del Perú considera que el Ordenamiento Territorial es una pieza clave para el desarrollo sostenible del país: “El OT debería trazar un plan: dejar que la minería avance y contamine el agua o que el Perú se convierta en la reserva alimentaria de Sudamérica”, dijo. Recordó que el 50% del país es rural dedicado a la actividad agropecuaria: “Cuando venga la crisis mundial los que menos han sufridos son las comunidades campesinas porque producen sus alimentos.”

Añadió que el 30% de la población se encuentra en las comunidades rurales y esa población es la que trabaja para dar seguridad alimentaria a las ciudades como Lima que concentra el 70% de la población. Sin embargo, Quispe señaló que aún el centralismo gobierna: “Las políticas aún se dictan desde el gobierno central hacia los gobiernos rurales. A pesar que los gobiernos rurales hemos aplicado la zonificación económica y ecológica (ZEE) no se articula con una política nacional donde se trabaje de una forma integral. Es el momento de generar políticas de Estado para trabajar sosteniblemente”.

Eduardo Ballón de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales –ANGR criticó que el gobierno nacional no viene impulsando una política de ordenamiento territorial. “Más allá de declaraciones no tiene intención de impulsar una ley de ordenamiento territorial. El Consejo de Ministros del 2012 encargó al Ministerio del Ambiente la propuesta de ley de OT, el Congreso tiene cuatro proyectos de ley de OT, el gobierno central le ha encargado al Acuerdo Nacional que consensue una política de OT, el CEPLAN está revisando las políticas de OT. En teoría todos estamos de acuerdo pero las voluntades políticas y las urgencias de los diferentes niveles de gobierno parecen no estar sintonizadas”.

Los expertos mencionaron que el ordenamiento territorial funcionará para hacerle frente, además, a los impactos del cambio climático: “el CEPLAN tiene que ser el ente regulador entre los distintos niveles de gobierno y coordinar directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para políticas agrarias, entre otros.

Finalmente, Alejandro Chirinos recordó que el ordenamiento territorial exige una profunda voluntad política que estimula una voluntad técnica y social que se traduce en participación amplia para un proceso que exige legitimación para el desarrollo local. Representando a las ONG’s belgas que hicieron posible este foro, Pierre Rouschod de ADG –Perú pidió más involucramiento de los funcionarios del Estado para escuchar de cerca las experiencias de las comunidades y sus reales necesidades, dotándolas de los instrumentos necesarios para el ordenamiento de su territorio.