Casa de la Gastronomía Peruana presenta La Cocina Campesina

Fuente: RPP.- Miércoles, 29 de Mayo 2013  |  10:35 pm 

Créditos: Ministerio de Cultura

La exposición estará abierta desde el 30 de mayo hasta el 30 de setiembre en el antiguo local del Correo Central de Lima.

La Cocina Campesina, austera e inaccesible pero rica en costumbres que conforma un espacio de fortalecimiento de nuestra identidad, es la exposición que inaugurará el Ministerio de Cultura en la Casa de la Gastronomía Peruana, el jueves 30 de mayo.

La muestra se basa en la publicación “La Cocina en las Comunidades Campesinas del Perú” realizadas por los Ministerios de Cultura y de Agricultura, en la que se demuestra que la mesa campesina no solo une a su gente alrededor de una fiesta patronal, sino, que es parte fundamental del arte culinario nacional y un enlace vital con su historia.

Presentar esta exposición es acercarnos a los secretos de la culinaria rural de nuestro país, a aquellos platos basados en sus productos nativos, en sus aves y carnes que demuestran in situ que la cocina es un acto íntimo y colectivo que forma parte del conocimiento histórico, cultural y artístico de una nación

La inauguración de La Cocina Campesina se realizará a las 12 horas en la Sala Temporal de la Casa de la Gastronomía Peruana, ubicada en el jirón Conde de Superunda 170 – Lima. La muestra estará abierta hasta el 30 de setiembre próximo
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Día de las Lenguas Indígenas: Afirmando la identidad de los pueblos

Lunes, 27 de Mayo 2013  

Créditos: Ministerio de Cultura

Este día busca promover en la ciudadanía el reconocimiento, valoración y respeto de nuestra diversidad lingüística.

El 27 de mayo se celebra el Día de las Lenguas Indígenas. En esta fecha, se conmemora la promulgación de la primera norma en el país que reconoce la oficialidad de una lengua indígena – el quechua – y los derechos lingüísticos de sus hablantes.
 
Este día busca promover en la ciudadanía el reconocimiento, valoración y respeto de nuestra diversidad lingüística así como de los más de cuatro millones de peruanos y peruanas hablantes de lenguas indígenas.
 
El ministro de Cultura, Luis Peirano Falconí, resaltó la importancia de valorar nuestras 51 lenguas indígenas, habladas a lo largo de todo el territorio nacional, pues son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas del Perú, y por lo tanto, de nuestra identidad nacional.
 
Peirano destacó que todos los hablantes de lenguas indígenas tienen derecho a usar su lengua en cualquier espacio y ante cualquier autoridad, recurriendo a la ayuda de un intérprete de ser necesario. Enfatizó que la valoración de la diversidad lingüística fomenta el desarrollo de una ciudadanía intercultural.
 
Además, informó que el Ministerio de Cultura ejecuta una serie de proyectos orientados a la promoción de las lenguas indígenas, entre ellos un programa de capacitación para la formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas. 
 
“La finalidad de este programa es contar con personas capacitadas para participar en cualquier caso en que se necesite la interpretación de una lengua indígena al castellano y viceversa. Así, lograremos una comunicación efectiva e intercultural entre el Estado y los ciudadanos”, aseveró Peirano.

Retrocede en Perú la implementación de la consulta previa

Retrocede en Perú la implementación de la consulta previa

- EL MERCURIO DIGITAL - 

Magali Zevallos Ríos.

Gobierno se niega a publicar base de datos sobre pueblos indígenas y excluye de procesos de consulta a comunidades de costa y sierra donde está concentrada actividad minera.

La aplicación de la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que los afecte directamente, en vigencia desde hace poco más de un año, viene teniendo enormes retrocesos en el Perú. Bajo el paraguas de la caída de los precios de los metales y la desaceleración del crecimiento económico de China y Europa, a fines de abril el gobierno exoneró temporalmente de la consulta previa a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del país y que se encuentran en fase de exploración.

Tras las declaraciones del presidente Ollanta Humala el 28 de abril, quien afirmó que las comunidades indígenas con derecho a la consulta se encuentran en la selva y no en la costa y sierra, han salido los voceros del gobierno con el discurso de que un país competitivo no puede poner trabas a la inversión. Con la premisa de la reducción de la pobreza, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) Jorge Merino señaló que “tenemos un stock de inversiones mineras por US$54 millones” y que éstas deben desarrollarse en el menor plazo posible para seguir recaudando fondos para los programas sociales impulsados por el Ejecutivo.

El actual gobierno había dado importantes pasos con la ley y reglamentación de la consulta previa, aunque esta última recibió cuestionamientos de los pueblos indígenas porque no recogió sus aportes. En setiembre del 2011 Humala promulgó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios en un acto simbólico en la ciudad nororiental de Bagua, lugar donde fallecieron 34 personas, entre policías y civiles, tras un violento enfrentamiento ocurrido en junio del 2009 a consecuencia de una protesta contra la promulgación de una serie de decretos legislativos emitidos por el entonces presidente Alan García (2006-2011) con los que pretendía abrir las tierras amazónicas indígenas a la inversión privada sin haberles consultado.

“La promulgación de la ley en Bagua parecía marcar una nueva relación con los pueblos indígenas, pero empezó a primar el discurso de que los pueblos indígenas y la consulta previa constituyen trabas a la inversión”, señala a Noticias Aliadas la congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre el seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa del Congreso de la República.

Conflictos por concesiones

El interés de excluir a la costa y sierra del proceso de consulta se debe a que en estas regiones se encuentra concentrada la actividad minera del país. El mapa de proyectos mineros del MEM reporta que en la costa y la sierra hay 50,516 concesiones mineras vigentes, mientras que en la selva sólo 3,754.

El mapa de superposición de las tierras de las comunidades campesinas y nativas amazónicas con las actividades mineras —incluido en el más reciente Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, publicado por las organizaciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz en diciembre pasado— grafica que 49.6% del territorio de las comunidades campesinas en la sierra tienen concesiones mineras, y la superposición de la minería en territorios de las comunidades nativas amazónicas sólo representa el 1.4%.

“Si el Estado no aplica la consulta previa en la costa y sierra habrá un escenario de conflictividad que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”, sostiene Mendoza. “No debemos olvidar penosos episodios por no optar por mecanismos de diálogo, hemos perdido valiosas vidas por la imposición de proyectos extractivos, en el caso Bagua, Cajamarca y Espinar”, en referencia a los conflictos socioambientales contra el proyecto aurífero Conga, en el departamento norandino de Cajamarca, y la mina cuprífera Tintaya, en la provincia cusqueña de Espinar, que dejaron 17 muertos entre fines del 2011 y mediados del 2012.

La legisladora advierte además que las comunidades, amparadas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, podrían demandar al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Por no respetar el derecho a la consulta tendríamos que asumir todos los costos que implique la denuncia, gastos administrativos, de defensa, indemnización y reparación”, dice.

La negativa del ministro de Cultura Luis Peirano de hacer pública la base de datos de los pueblos indígenas es otro entrampamiento del gobierno para no hacer viable el proceso de consulta, y a un año de aprobarse el reglamento que permitió la entrada en vigencia de la ley en abril de 2012, se desconoce qué poblaciones están sujetas a este derecho.

“Lo único que explica esta resistencia es la avidez de implementar los proyectos mineros”, sostiene Mendoza.

Y esta avidez se cobró la cabeza del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, quien a principios de mayo renunció al cargo por discrepar con la decisión de Peirano.

Pueblos indígenas se sienten traicionados

Otro gesto político de la puesta en marcha del retroceso de la consulta previa en el Perú es que el gobierno a través del MEM está decidido a continuar con el proyecto Cañariaco, de la empresa canadiense Candente Copper, ubicado en el distrito de Cañaris, en el noroccidental departamento Lambayeque. Su población, mayoritariamente quechuahablante, es un pueblo indígena reconocido por la Defensoría del Pueblo y por el propio Ministerio de Cultura, pues el Viceministerio de Interculturalidad lo incluyó en el proceso de capacitación de intérpretes quechuas cuando se inició la elaboración de la base de datos de pueblos indígenas.

Frente a las recientes declaraciones del ministro Merino, de que el proyecto cuprífero va de todas maneras y que la empresa tiene un esquema de diálogo con la población, Florentino Barrios Huamán, presidente de la Comunidad de San Juan de Cañaris, asegura a Noticias Aliadas que en enero del presente año la Presidencia del Consejo de Ministros instaló una mesa de diálogo, pero hasta la fecha no hay un solo acuerdo.

“Cuando el gobierno dice que la empresa tiene un plan de diálogo con la población está confirmando que el Estado no va a escuchar a la población indígena. El Estado nos traicionó, Ollanta Humala nos traicionó, somos una población mayoritariamente quechuahablante, Cañaris existe antes de la República, tenemos títulos y resoluciones que el Estado nos reconoce como comunidad indígena desde el año 1789, si nos imponen su modelo de desarrollo vamos a tener que recurrir ante la CIDH por oponerse a la voluntad democrática del pueblo de Canaris”, dice Barrios, y recuerda que en una consulta popular realizada el 30 de setiembre de 2012, el 95% de su población le dijo no a la empresa minera.

Según el mapa de concesiones mineras elaborado por CooperAcción, organización no gubernamental que trabaja con comunidades afectadas por las industrias extractivas, el 96% del distrito de Cañaris se encuentra concesionado siendo los principales titulares mineros las empresas Cañariaco Cooper Perú, subsidiaria de Candente Copper, y la también canadiense Barrick Misquichilca.

A mediados de mayo, el Ministerio de Cultura anunció la realización de consultas a comunidades indígenas en las regiones de Loreto, en el nororiente, y Puno, en el sur andino. El 23 de mayo se inició en Loreto el primer proceso de consulta previa en el Perú.

Al respecto, la congresista Mendoza aclara que ambas consultas estarán a cargo de los gobiernos regionales y no del gobierno central, pues no se trata de proyectos de gran minería. En el caso de Loreto se trata de la creación de un área de conservación regional para el pueblo indígena Maijuna, y en Puno es sobre la explotación del proyecto Chiquitosa, de mediana minería, con un impacto menos controversial. 

Conflictos mineros y el derecho a la consulta previa de los Pueblos Indígenas ALAI, América Latina en Movimiento Luis Hallazi

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A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

 

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” [1] mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social. Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos detransición[2] que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica. El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

 

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo. Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

 

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

 

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto[3]. En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera[4]; basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados[5] para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias. Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

 

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos[6]) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos”[7]. Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir[8]. Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

 

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación[9]. En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar[10], la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

 

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero. Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas[11]y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

 

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

 

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas. Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca[12], en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

 

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

 

- Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com

Perú busca acelerar inversión minera con cambio de ley de consulta comunidades

Reporte de Patricia Vélez; Editado por Javier López de Lérida

Perú agilizará la aprobación de permisos y modificará la implementación de una ley que da más voz a las comunidades en el desarrollo de planes mineros y energéticos, para destrabar millonarias inversiones necesarias para su crecimiento económico, dijo el jueves un alto funcionario del Gobierno.

"Estamos trabajando el tema de los permisos. Acabamos de sacar una norma (...) que va a permitir ser mucho más rápido en los tiempos que se necesitan para aprobar los estudios y permisos en todos los sectores", adelantó en el Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina, el ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Merino.

El país rico en minerales ha sentido en los últimos meses la desaceleración de economías clave para su intercambio comercial, como la de voraz consumidora de metales China, lo que le generó en enero-marzo su primer déficit comercial trimestral desde 2008.

A los golpes externos se han sumado trabas burocráticas y el retraso en la ejecución de la "ley de consulta previa" promulgada por el presidente Ollanta Humala en el 2011, que ha frenado millonarias inversiones cruciales para que la economía peruana siga rodando a tasas anuales del 6 por ciento.

Ejecutivos clave del sector minero, como el presidente ejecutivo de la principal productora de metales preciosos del país, Buenaventura, han criticado la lentitud del Gobierno en la otorgación de permisos tanto para la exploración como para el desarrollo de nuevos proyectos.

Desde otros rubros han advertido incluso que la economía peruana, una de las que más crece en Latinoamérica, podría enfriarse por la demora en las inversiones.

Para atajar el problema, el Gobierno dijo el miércoles que próximamente anunciarán un paquete de medidas para acelerar las inversiones.

"Inclusive lo que se va a normar son los tiempos de respuesta, de gestión (...) estas normas son en general para las inversiones, pero en particular son importantes para los sectores de la minería, hidrocarburos y energía", agregó Merino.

POLEMICA LEY DE CONSULTA

La minería es uno de los sectores que más inversiones concentra en Perú -el segundo productor mundial de plata y cobre y el sexto de oro-, con planes en carpeta por más de 50.000 millones de dólares.

Sin embargo, estos proyectos también han sido afectados por decenas de conflictos sociales que asolan a todo el país y que en ocasiones se tornan violentos.

En un intento por aplacar estos conflictos, el presidente Humala promulgó la ley de consulta previa -bajo la cual las empresas deben buscar la opinión de "comunidades indígenas y originarias" sobre sus planes de extracción de recursos naturales- pocas semanas después de llegar al poder.

Si bien la decisión de las comunidades no es vinculante, la implementación de la ley se ha retrasado principalmente porque el Gobierno no logró un consenso en la elaboración de una base de datos sobre qué comunidades deben ser consultadas.

Reuters reportó este mes que la inclusión de las comunidades campesinas o "quechua-hablantes", principalmente en los Andes donde las grandes mineras esperan iniciar sus nuevos proyectos, generó roces entre miembros del Gobierno que no las consideran "indígenas" ni "originarias".

Ahora, el Gobierno decidió implementar esta ley "caso por caso", precisó el ministro Merino, lo que implica un giro frente al plan inicial de tener un catastro con todas las comunidades.

"La consulta, que tiene un marco legal, se va a hacer caso por caso (...) primero vamos a empezar por la selva y se evaluará caso por caso si corresponde o no hacer consulta", explicó.

"El tema de la consulta previa el ente rector es (el Ministerio de) Cultura, pero ya se va a instrumentalizar proyecto por proyecto", enfatizó.

Gobierno Regional realizará consulta previa en dos comunidades de Puno

Escribe: Los Andes | Nacional - 

Dos comunidades campesinas del distrito de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, sentarán un precedente luego que se aplique por primera vez en el Perú, un proceso de consulta previa, impulsado por el Gobierno Regional de Puno.

La Ley de Consulta Previa precisa que los Gobiernos Regionales y Locales podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad, respecto de las medidas que puedan aprobar conforme las competencias otorgadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Para tal efecto, el Gobierno Regional de Puno, a través de la Dirección Regional de Energía y Minas realizará el proceso de consulta previa para que las comunidades campesinas de Trapiche y Cajón Huyo puedan decidir el futuro del proyecto minero CHIQUITOSA –A, para que inicie sus labores de explotación en la zona.

Para este proceso el Gobierno Regional de Puno ha solicitado ante el Viceministerio de Interculturalidad un informe técnico respecto a la resolución de la Dirección Regional de Minas que aprobó el Plan Minero.

Este proceso de consulta previa será llevado a cabo por primera vez en el país y es el Gobierno Regional de Puno quien lo promueve, de ese modo esta experiencia constituye un primer paso para que nuevos proyectos mineros en la región puedan ser objeto de consulta.

El propio Ministro de Cultura, Luis Peirano, saludó la iniciativa del Gobierno Regional de Puno y señaló además que su cartera apoyará el proceso de manera técnica para que finalmente los pobladores de las comunidades a consultarse resulten las más beneficiadas con la medida.

La "conectividad terrestre" divide a los congresistas y grupos indígenas en Perú

El ambicioso proyecto presenta una seria amenaza para el medioambiente y en especial, para los indígenas Mashco Piro. Los congresistas ven la necesidad de construir dicha carretera, pero aún no han mediado con el grupo indígena.

• Editor： Rui Dong
• 13:17:59 2013-05-21 / spanish.china.org.cn

(SPANISH.CHINA.ORG.CN)- Purús, es el nombre de una de las provincias más grandes de Perú, ocupa casi 18.000 kilómetros cuadrados del departamento de Ucayali en la Amazonía, y su río principal corre en dirección a Brasil.Se encuentra a cuatro días de camino de Lima, salvo que se llegue por aire. En abril de 2012, un proyecto de ley fue presentado por un congresista, a fin de declarar como “necesidad pública e interés nacional” una carretera o ferrocarril que conecte el puerto de Purús con Iñapari, en el departamento de Madre de Dios, mejor conectado por carretera con el resto del país. Dicha iniciativa logró generar una división en las organizaciones de la provincia y una controversia entre parlamentarios de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Ambiente del Congreso, que aún no aprueba el dictamen de proyecto.

La propuesta implicaría abrir una vía de unos 270 kilómetros que atraviese el Parque Nacional de Alto Purús, una reserva comunal y una reserva territorial que afectaría ríos, quebradas, lagunas y bosques tropicales. En esta reserva territorial, viven en aislamiento voluntario,los indígenas Mashco Piro. Además, según la ONG Global Witness “alberga la superficie más grande de caoba que queda en Perú y quizá en el continente”.

“Soy indígena sharanahua, no queremos problemas. El congresista (Carlos) Tubino no ha llegado al Purús a consultar a los pueblos indígenas. Queremos que se archive este proyecto, nos están dividiendo”, afirma Eduardo del Águila Meléndez, vicepresidente de la Federación de Comunidades Nativas de Purús (Feconapu), en Lima,tras la presentación de un informe de Global Witness que revela los perjuicios de la propuesta“conectividad terrestre” en la zona y los posibles conflictos de interés de algunos de los parlamentarios que defienden el proyecto de ley.

En 2011, Perú promulgó una ley de consulta previa a los pueblos indígenas, porque es firmante del Convenio 169 de la OIT. Este es uno de los casos en los que un proyecto de ley podría afectar a indígenas. Pero, hace un par de semanas el presidente Ollanta Humala dijo en una entrevista, que en el país, sólo hay algunos pueblos indígenas “que viven aislados” en la selva, con lo cual dio a entender que otros grupos den la Amazonía y en Los Andes no califican para la consulta previa en proyectos de extracción, hidroeléctricas o construcción de infraestructura, como en Purú

El Congreso aún no define en qué momento del proceso parlamentario hará la consulta previa sobre la aprobación de una ley que afecte a estos sectores de la población.Las primeras consultas las realizarán los Gobiernos regionales de Puno y Loreto, pero el Ejecutivo y el Legislativo aún no empiezan con el procedimiento.

Eduardo del Águila explicó que los promotores de la carretera en Puerto Esperanza, Purús, han creado una organización paralela a Feconapu para desacreditarla, llamada Fecoindepu.

“Ellos son trabajadores de la Municipalidad provincial de Puerto Esperanza, que se han nombrado entre ellos y un párroco, y se han colocado un nombre. Pero a nosotros nos han elegido los pueblos, los clubes de madres”.

“Nos están dividiendo, nos están haciendo pelear internamente. No vamos a permitir que un grupo nos vaya a utilizar, el proyecto es un atropello, una violación, nosotros aún cuidamos a nuestros hermanos que no salen del monte”, denunció a la par, Emilio Montes, presidente de Feconapu, que agrupa once pueblos indígenas en 47 cuencas de Purús.

El proyecto ya cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Transportes del Congreso; a pesar de que el Ministerio del Ambiente, el de Cultura y el de Transportes y Comunicaciones se han expresado públicamente en contra, por distintas razones. En la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología la discusión del dictamen fue postergada tres veces en el último mes. El congresista que lo promueve, Turbino, ante la fuerte oposición contra el proyecto, aceptó el martes que el texto aludiera solamente a la necesidad pública de la conectividad y no a la conectividad terrestre. Pero el congresista indígena, Eduardo Nayap, pidió insertar una frase que prohibiera la conectividad terrestre; y, de acuerdo a la congresista Verónika Mendoza, presente en la sesión, Tubino se exaltó y no lo concedió. “Eso ha dejado preocupación, no hemos llegado aún a un acuerdo”.

El miércoles, Juan Carlos Torres, el asesor de Tubino, dijo durante un evento público organizado por tres ONG ambientalistas y la Feconapu, que retirarían del dictamen la palabra “terrestre”, la cual es sinónimo de la carretera o ferrocarril, pero señaló que si el Estado decidía después, que la conectividad se hiciera mediante una carretera, los promotores de la ley no podrían ser responsabilizados.

Tubino, en una entrevista a principios del mes, dijo que su iniciativa es “de muy buena voluntad”, pues los vuelos comerciales no llegan y han disminuido los vuelos de apoyo a la Fuerza Aérea. Según su opinión, las ONG lo intentan retratar como si fuera un ser primitivo. “Dicen que quiero imponer una carretera en la zona, que podría ser necesaria, aunque hay que llegar a consensos. Hay intereses de ONGs muy grandes que están en la zona como la WWF. Podría ser tren o carretera, pero soliviantan a la población, sobre todo nativa con poca educación”.

En el informe rendido por Global Witness, se advierte sobre el vínculo existente entre algunos congresistas que respaldan la “conectividad terrestre” con empresas mineras y forestales, quienes se beneficiarían con la vía. Añade además, que la principal carretera en la selva sur del país, la llamada Interoceánica, ha facilitado la deforestación mediante la minería ilegal. Tanto los activistas medioambientales, como las organizaciones indígenas de Purús, temen que esto se repita allí también y en especial, que si no se concreta la carretera, se legitime una trocha ilegal que los promotores de la vía han empezado con fondos de la municipalidad, con lo que han ido desapareciendo parte del bosque.

La Defensoría del Pueblo, en su informe de conflictos sociales, tiene un total en abril de 229 conflictos sociales, de los cuales 67% son medioambientales, sin incluir al de Purús. Este es uno de los tantos casos, en los que los pueblos indígenas de Perú se sienten apartados, desprotegidos o atacados por el Estado.

Ejecutivo promueve proyectos de desarrollo en comunidades de Apurímac  

Lima, may. 18 (ANDINA). El Ejecutivo trabajará junto a autoridades y delegados de 32 comunidades campesinas del distrito de Challhuahuacho, de la región Apurímac, en la evaluación de proyectos de desarrollo a ejecutar en breve, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Estas iniciativas están relacionadas con temas de salud, educación, saneamiento, electrificación, construcción de represas, carreteras, entre otros.
Las autoridades apurimeñas fueron recibidas en la sede del MEM en una reunión encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez; junto al ministro del sector, Jorge Merino; y el titular de Agricultura, Milton von Hesse.
En la cita se tomó nota de las necesidades de las comunidades, representadas por su alcalde Odilón Huanaco Condori, y se consideró necesario establecer una mesa de desarrollo que permita dialogar y plantear la ejecución de proyectos concretos con una previa evaluación técnica.
El ministro Merino resaltó que el proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región Apurímac, constituye una gran oportunidad de desarrollo para las comunidades adyacentes.
"Debemos tener proyectos estratégicos que permitan el bienestar de la población. Es necesario trabajar un plan de desarrollo para Challhuahuacho y ello será posible con apoyo de su alcalde y el Gobierno central”, afirmó.
En el encuentro se propuso formar una comisión multisectorial con representantes de diferentes ministerios para definir qué proyectos de inversión pueden realizarse en Cotabambas.
Merino adelantó que su sector inició desde noviembre de 2012 la electrificación de 115 localidades en la provincia de Cotabambas, lo cual beneficiaría a casi 1,500 viviendas y a más de 7,000 pobladores.
En Challhuahuacho se llevará energía a 59 localidades y se construirán nuevas líneas primarias de electricidad; en el caso de las localidades ubicadas en zonas altas, se iniciará un empadronamiento para instalar paneles solares.
Destacó, asimismo, las acciones de impacto social llevadas a cabo por el MEM en todo el país como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y Cocina Perú, cuyo beneficio también llegaría a los hogares de la provincia de Cotabambas.
Por su parte, el alcalde del distrito de Challhuahuacho, Odilón Huanaco Condori, en representación de las 32 comunidades, agradeció la disposición del Ejecutivo de respaldar la evaluación en proyectos de desarrollo en su jurisdicción.

Consulta obligatoria a los pueblos originarios de Perú 

 ElComercio.com - Lunes 13/05/2013 
El ministro peruano del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó hoy que "no hay vuelta atrás" en el proceso de consulta previa que se aplicará en los pueblos originarios de Perú sobre los futuros proyectos extractivos en sus jurisdicciones. El primer proceso de consulta previa se realizará en la población nativa de las provincias de Datem de Marañón y Loreto, en la región Loreto, fronteriza con Brasil y Colombia, sobre la explotación del lote petrolero 192. Pulgar Vidal declaró a este medio que "en muchos años no se adoptó ninguna acción, pero en este Gobierno, en pocos meses tenemos una ley, un reglamento, y una guía metodológica". La ley fue promulgada por el presidente peruano, Ollanta Humala, en su primer año de gobierno, en el 2011, después de violentas crisis sociales generadas por la oposición de comunidades indígenas y campesinas a proyectos de extracción minera y de hidrocarburos. "Se ha trabajado una base de datos (de pueblos indígenas y originarios) y pronto empezaremos el mecanismo de consulta", indicó el funcionario. El ministro del Ambiente negó que haya diferencias en el Gobierno respecto a la aplicación de la consulta previa, tras la reciente renuncia del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, por presuntas divergencias con el titular de Minería, Jorge Merino. "Es un mecanismo que fortalecerá la democracia y el reconocimiento de la diversidad cultural del país y que por muchos años no se le prestó atención, pero ahora es diferente".

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Marcha atrás

Gobierno retrocede y no publicará la Base de Datos de Pueblos Indígenas

La Republica.pe - Miércoles, 15 de mayo de 2013 | 4:30 am

Viceministerio de interculturalidad había trabajado durante más de un año en registro, cuya publicación era muy esperada. Ahora el reconocimiento se realizará a pedido de una comunidad que se vea afectada por proyecto de inversión.

Rocío Maldonado Chavarri

El reglamento de la Ley de Consulta Previa, publicado en abril del año pasado, consideraba la elaboración de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas del Perú, la que debía ser de acceso público y serviría para la identificación de pueblos indígenas. Sin embargo, este registro ya no será publicado, anunció el Ministro de Cultura, Luis Peirano.

"No se publicará ninguna  base de datos porque puede crear confusión, expectativas innecesarias, problemas de todo tipo. Tenemos obviamente una base de datos, pero la política del ministerio es trabajar a partir de pedidos. Cuando una comunidad de alguna manera se ve afectada por un proyecto de inversión puede pedir el derecho a ser reconocida", dijo Peirano.

Consultado sobre si esta decisión respondía al anuncio del premier Juan Jimenéz en el sentido de que se iban “destrabar” 14 proyectos mineros en fase de exploración debido a la Consulta Previa, Peirano señaló que esos casos específicos  se iban a estudiar porque la idea del gobierno y el Ejecutivo es la de no poner obstáculos e impedimentos a la inversión. 

El ministro reconoció, no obstante, que no hacer pública la Base de Datos generaría reclamos y desconfianza, sobre todo en las comunidades campesinas quechuas, cuya inclusión en el registro había generado un debate en el interior del gobierno por el problema que generarían para algunos proyectos mineros asentados en sus territorios. 

"Ese es el problema efectivamente. Lo que queremos evitar es que haya una suerte de pensar que se va a hacer Consulta Previa todos a la vez. Se hará en función de las necesidades de inversión, cuando hay un proyecto de inversión  se hace una Consulta Previa siempre y cuando haya una comunidad (indígena)", precisó.

Peirano aseguró que no había discriminación a las comunidades campesinas quechuas, pero que había criterios para identificar a los pueblos indígenas. 

Admitió también que la renuncia del viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra fue por diferencias con la Base de Datos. 

"Él se cansó. Esa es la verdad. Él ha visto que hay un nivel de diferencia. Y por razones personales presentó su renuncia", dijo Peirano, quien evitó precisar si la diferencia radicaba en la exclusión de las comunidades campesinas andinas del registro. 

Lanegra no ha ofrecido detalles de su renuncia, pero en su última presentación en el Congreso señaló que  la publicación de la Base de Datos  se había retrasado por la impugnación presentada contra esta lista   de una comunidad cusqueña.

Lamentan anuncio

La legisladora Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa, dijo que el anuncio de Peirano  no hace sino generar mayor desconfianza en los pueblos indígenas. Además, cuestionó que  ahora el reconocimiento de una comunidad como pueblo indígena se realizará a pedido de parte.

"Esto deja abierta la posibilidad de que un sector por desconocimiento o falta de voluntad política no implemente la Consulta Previa como debe ser. Además un derecho no puede estar sujeto al que el ciudadano o el pueblo lo exija, sino que el Estado tiene que garantizar su aplicación y su respeto", expresó.

Según la congresista, la negativa del Ejecutivo en publicar la Base de Datos tiene que ver con una resistencia a reconocer a algunas comunidades campesinas como pueblos indígenas cuando corresponde.

Por su parte, Hugo Che Piu, director de la ONG DAR, sostuvo que un pueblo indígena deja de serlo por no estar incluido en la Base de Datos, sino que su identificación  se da porque cumple las condiciones que recoge el Convenio 169 que establece la Consulta Previa. 

Señaló que es una visión equivocada considerar la Consulta Previa como una restricción a la inversión cuando es todo lo contrario,  pues cumplir con un derecho fortalece a las inversiones. 

"Se sigue manteniendo la duda y es un pésimo mensaje al mundo cuando el Perú es centro de atención por el tema de Consulta Previa", refirió.

Registro de acceso público 

"La Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones al que hace referencia la ley constituye un instrumento de acceso público y gratuito que sirve para el proceso de identificación de los pueblos indígenas. No tiene carácter constitutivo de derechos", precisa el reglamento de Consulta Previa en su 

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