La "conectividad terrestre" divide a los congresistas y grupos indígenas en Perú

El ambicioso proyecto presenta una seria amenaza para el medioambiente y en especial, para los indígenas Mashco Piro. Los congresistas ven la necesidad de construir dicha carretera, pero aún no han mediado con el grupo indígena.

• Editor： Rui Dong
• 13:17:59 2013-05-21 / spanish.china.org.cn

(SPANISH.CHINA.ORG.CN)- Purús, es el nombre de una de las provincias más grandes de Perú, ocupa casi 18.000 kilómetros cuadrados del departamento de Ucayali en la Amazonía, y su río principal corre en dirección a Brasil.Se encuentra a cuatro días de camino de Lima, salvo que se llegue por aire. En abril de 2012, un proyecto de ley fue presentado por un congresista, a fin de declarar como “necesidad pública e interés nacional” una carretera o ferrocarril que conecte el puerto de Purús con Iñapari, en el departamento de Madre de Dios, mejor conectado por carretera con el resto del país. Dicha iniciativa logró generar una división en las organizaciones de la provincia y una controversia entre parlamentarios de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Ambiente del Congreso, que aún no aprueba el dictamen de proyecto.

La propuesta implicaría abrir una vía de unos 270 kilómetros que atraviese el Parque Nacional de Alto Purús, una reserva comunal y una reserva territorial que afectaría ríos, quebradas, lagunas y bosques tropicales. En esta reserva territorial, viven en aislamiento voluntario,los indígenas Mashco Piro. Además, según la ONG Global Witness “alberga la superficie más grande de caoba que queda en Perú y quizá en el continente”.

“Soy indígena sharanahua, no queremos problemas. El congresista (Carlos) Tubino no ha llegado al Purús a consultar a los pueblos indígenas. Queremos que se archive este proyecto, nos están dividiendo”, afirma Eduardo del Águila Meléndez, vicepresidente de la Federación de Comunidades Nativas de Purús (Feconapu), en Lima,tras la presentación de un informe de Global Witness que revela los perjuicios de la propuesta“conectividad terrestre” en la zona y los posibles conflictos de interés de algunos de los parlamentarios que defienden el proyecto de ley.

En 2011, Perú promulgó una ley de consulta previa a los pueblos indígenas, porque es firmante del Convenio 169 de la OIT. Este es uno de los casos en los que un proyecto de ley podría afectar a indígenas. Pero, hace un par de semanas el presidente Ollanta Humala dijo en una entrevista, que en el país, sólo hay algunos pueblos indígenas “que viven aislados” en la selva, con lo cual dio a entender que otros grupos den la Amazonía y en Los Andes no califican para la consulta previa en proyectos de extracción, hidroeléctricas o construcción de infraestructura, como en Purú

El Congreso aún no define en qué momento del proceso parlamentario hará la consulta previa sobre la aprobación de una ley que afecte a estos sectores de la población.Las primeras consultas las realizarán los Gobiernos regionales de Puno y Loreto, pero el Ejecutivo y el Legislativo aún no empiezan con el procedimiento.

Eduardo del Águila explicó que los promotores de la carretera en Puerto Esperanza, Purús, han creado una organización paralela a Feconapu para desacreditarla, llamada Fecoindepu.

“Ellos son trabajadores de la Municipalidad provincial de Puerto Esperanza, que se han nombrado entre ellos y un párroco, y se han colocado un nombre. Pero a nosotros nos han elegido los pueblos, los clubes de madres”.

“Nos están dividiendo, nos están haciendo pelear internamente. No vamos a permitir que un grupo nos vaya a utilizar, el proyecto es un atropello, una violación, nosotros aún cuidamos a nuestros hermanos que no salen del monte”, denunció a la par, Emilio Montes, presidente de Feconapu, que agrupa once pueblos indígenas en 47 cuencas de Purús.

El proyecto ya cuenta con un dictamen favorable en la Comisión de Transportes del Congreso; a pesar de que el Ministerio del Ambiente, el de Cultura y el de Transportes y Comunicaciones se han expresado públicamente en contra, por distintas razones. En la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología la discusión del dictamen fue postergada tres veces en el último mes. El congresista que lo promueve, Turbino, ante la fuerte oposición contra el proyecto, aceptó el martes que el texto aludiera solamente a la necesidad pública de la conectividad y no a la conectividad terrestre. Pero el congresista indígena, Eduardo Nayap, pidió insertar una frase que prohibiera la conectividad terrestre; y, de acuerdo a la congresista Verónika Mendoza, presente en la sesión, Tubino se exaltó y no lo concedió. “Eso ha dejado preocupación, no hemos llegado aún a un acuerdo”.

El miércoles, Juan Carlos Torres, el asesor de Tubino, dijo durante un evento público organizado por tres ONG ambientalistas y la Feconapu, que retirarían del dictamen la palabra “terrestre”, la cual es sinónimo de la carretera o ferrocarril, pero señaló que si el Estado decidía después, que la conectividad se hiciera mediante una carretera, los promotores de la ley no podrían ser responsabilizados.

Tubino, en una entrevista a principios del mes, dijo que su iniciativa es “de muy buena voluntad”, pues los vuelos comerciales no llegan y han disminuido los vuelos de apoyo a la Fuerza Aérea. Según su opinión, las ONG lo intentan retratar como si fuera un ser primitivo. “Dicen que quiero imponer una carretera en la zona, que podría ser necesaria, aunque hay que llegar a consensos. Hay intereses de ONGs muy grandes que están en la zona como la WWF. Podría ser tren o carretera, pero soliviantan a la población, sobre todo nativa con poca educación”.

En el informe rendido por Global Witness, se advierte sobre el vínculo existente entre algunos congresistas que respaldan la “conectividad terrestre” con empresas mineras y forestales, quienes se beneficiarían con la vía. Añade además, que la principal carretera en la selva sur del país, la llamada Interoceánica, ha facilitado la deforestación mediante la minería ilegal. Tanto los activistas medioambientales, como las organizaciones indígenas de Purús, temen que esto se repita allí también y en especial, que si no se concreta la carretera, se legitime una trocha ilegal que los promotores de la vía han empezado con fondos de la municipalidad, con lo que han ido desapareciendo parte del bosque.

La Defensoría del Pueblo, en su informe de conflictos sociales, tiene un total en abril de 229 conflictos sociales, de los cuales 67% son medioambientales, sin incluir al de Purús. Este es uno de los tantos casos, en los que los pueblos indígenas de Perú se sienten apartados, desprotegidos o atacados por el Estado.