EL ROL DE LAS EMPRESAS MINERAS

Estanislao Gutiérrez Aburto

La siguiente publicación, que es parte de un total de “el Rol de la Empresas Mineras para reducir la conflictividad minera”. Lo hago con la sana intención de hacer que los afectados directos, como son, las Comunidades Campesinas; y, los responsables de la Gestión Social de la Minería tengan una cabal y buenas intenciones de conocer más los tratos y funciones entre las Mineras y las Comunidades; más si se avecinan, a manera de avalanchas, los innumerables denuncios mineros que, por lo general, están dirigidas sus actividades en las zonas andinas.

Esta interesante sugerencia las extraigo de la publicación del 15/03/2016 por LAMPADIA, de su Biblioteca Virtual: Recursos Naturales y Desarrollo; como ellos mismos lo dicen, “que cuenta con la colaboración del Centro Wiñaq, se nutre de diversos artículos y ensayos, para mostrar con rigurosidad, la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado la práctica anti-minera.”

Solo recomiendo, se tome en cuenta estas sugerencias y tengan luego, una buena determinación.

El tema es:

EL ROL DE LAS EMPRESAS MINERAS

Propuestas para reducir la conflictividad anti-minera

“La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, corresponde a la segunda parte de los seis escritos que presentan nuestras propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático.”

Para reducir la Conflictividad Minera (2)

Lo que deben hacer las Empresas Mineras

La conflictividad que afecta la minería es resultado de la interacción directa de cuatro actores:

(1) las empresas mineras, 

(2) la institucionalidad pública,

(3) la sociedad local y regional, y

(4) los grupos anti-minera.

Las Empresas Mineras, pues creemos que ellas tienen responsabilidad en la presente situación de conflictividad, y que, si corrigen su accionar, pueden obtener resultados altamente positivos para ellas mismas, para la población y para el país.

Consideraciones previas:

1. La preocupación por el ambiente representa un avance social. Todos, ciudadanos, instituciones y empresas, tenemos responsabilidad ambiental. El compromiso con el ambiente no puede ser entendido como una estrategia de imagen, sino como un valor a ser practicado y un principio de gestión.[2]
2. En los países con institucionalidad deficiente, como el Perú, las actividades ligadas a los recursos naturales, especialmente la minería, son blancos de conflictos políticos y sociales. En países con una institucionalidad aún más precaria que la peruana, esos conflictos asumen la forma de guerra civil, golpes de estado o insurrecciones. En Perú esos conflictos son menos violentos, pero siguen siendo económicamente muy destructivos.
3. Las condiciones sociales para la minería en el Perú son desventajosas: la desconfianza, los sentimientos de agravio y los resentimientos son comunes, especialmente en regiones con potencial minero. Propagar rumores y montar narrativas hostiles a la minería es fácil. Hay miles de aventureros y radicales dispuestos a promover conflictos como estrategia de ascenso económico y político, y muchos medios creíbles los propalan sin verificar su veracidad.
4. La legitimidad social de las empresas es indispensable para su sostenibilidad. Si una empresa deja que su credibilidad sea destruida, ella se vuelve vulnerable a las campañas de rumores y mentiras de parte de actores hostiles y aventureros. Con ese flanco abierto los conflictos se multiplican. Las empresas que descuiden su legitimidad social se arriesgan a perder muchos miles de millones de dólares.
5. Las capacidades distintivas de las empresas mineras, en los países emergentes, se han desplazado de lo tecnológico y financiero hacia la habilidad para prevenir y manejar la conflictividad social. Esta tendencia se va hacer más fuerte en el futuro. Las empresas mineras necesitan ampliar sus capacidades en ese campo.[3]
6. La reducción de la conflictividad en la minería no será el resultado de una solución mágica, tampoco será una victoria de las empresas mineras, únicamente. Su logro va ser el resultado del accionar del conjunto de actores pró-desarrollo. Será la acción combinada de ellos lo que posibilitará revertir la situación problemática predominante hoy en el país.

Consideraciones Estratégicas

La sociedad local es crítica: La permanencia de las operaciones de las empresas mineras requiere responder a las expectativas, temores e intereses de muchos actores (stakeholders). Entre todos ellos, la sociedad local es el grupo de actores que puede afectar en forma más directa la viabilidad de las operaciones de una empresa minera. Descuidar a la sociedad local tiene costos de corto y largo plazos.[4]

Relación de largo plazo: Las empresas tienen que tener claro que la relación con las sociedades locales es de largo plazo (es como un matrimonio sin divorcio posible), y no se resuelven con campañas publicitarias ni con soluciones cortoplacistas. Además, no es posible comprar una imagen nueva en el mercado. Los antimineros realizan acciones durante años consecutivos buscando erosionar la reputación de las empresas. Esta relación se mantiene inclusive más allá del tiempo de vida de un proyecto, y afecta a toda la minería moderna. Los pasivos mineros afectan la minería por décadas.[5]

La polarización de los anti-mineros: La dinámica de la conflictividad depende del tipo de polarización social. A los grupos anti-mineros les interesa que las sociedades locales se polaricen en contra de la minería. Con esa polarización ellos obtienen aliados, consiguen establecer mecanismos de amedrentamiento, y neutralizan a los sectores medios y a todos los demás sectores interesados en el progreso económico. Con la polarización social anti-minera, las ideologías priman sobre las realidades.

El consenso social ProDesarrollo: Las empresas mineras deben promover un consenso social en torno a la minería como motor del progreso local. La población y sus líderes necesitan percibir los beneficios que la minería puede tener en las actividades económicas importantes para todos los sectores locales.[6]

Maximización de las sinergias: La clave no es distribuir recursos sino generar sinergias. Las empresas mineras deben ajustar sus estrategias y modelos de negocio para maximizar las sinergias con la economía de los diversos sectores sociales: empleo local, demanda local de servicios, compras locales, mejoramiento de infraestructura, e impacto en la economía de la población, tanto urbana y rural.[7]

La combinación sinérgica de los factores: Para mejorar la receptividad social a sus actividades las empresas mineras pueden recurrir a tres factores:

(a) los impactos de la minería en la economía local,[8]

(b) el canon generado por la minería (transformado en obras), y

(c) los proyectos de desarrollo financiados por las empresas mineras.

La combinación de esos tres factores en torno a una visión compartida del desarrollo regional lo que puede generar una nueva dinámica política que vaya gradualmente construyendo un consenso por el Desarrollo Compartido.

Ejemplos de Acciones prácticas

Esta lista de acciones es incompleta y tiene una función ilustrativa, para dar una idea del enfoque con el cual las empresas mineras pueden efectivamente reducir la conflictividad. Su utilización va depender de la situación específica y del contexto de cada empresa.

Acciones para reducir la conflictividad:

(1) Prevenir los sentimientos de agravio:

(2) Dinamizar las cadenas locales de valor:

(3) Hacer un manejo preventivo de la conflictividad:

(4) Proteger y Construir Legitimidad:

(5) Desarrollar mecanismos de comunicación

(6) Fortalecer la institucionalidad local

(7) Minimizar la búsqueda de rentas

(8) Fortalecer las acciones de Responsabilidad Social.

(1) Prevenir los sentimientos de agravio:

• Dar prioridad a los riesgos ambientales, similar a los riesgos de seguridad, con políticas definidas, medidas de control riguroso, y monitoreo preventivo diario, y mecanismos internos de incentivo. De ocurrir algún accidente, hay que priorizar la protección de la población local, su tranquilidad y la gradual recuperación de su confianza.[9]
• Mejorar los modelos de compras de tierra, evitando las compras individuales, dando preferencias a las compras colectivas, y montando un sistema de cambio de tierra por tierra, tanto como sea posible.[10]
• Evitar todos los gestos de arrogancia y actos deshonestos del personal de la empresa en todos los niveles, desde la gerencia general hasta el personal de línea. Sancionar ejemplarmente cuando hechos de este tipo ocurran, hacer los cambios que sean necesarios en las políticas de la Empresa. [11]
• Implementar estándares ambientales con los proveedores y contratistas locales, similares a los que las empresas aplican internamente. Para la población local el comportamiento de esas empresas se transfiere a las empresas mineras
• Establecer líneas de base sobre las condiciones ambientales en las zonas de operación, no solo en los aspectos reglamentados por el Estado sino en cualquier ámbito que pudiera generar inquietudes en la población, por más descabellado que parezcan.[12]
• Comunicar y monitorear los acuerdos con las comunidades. Evitar las incertidumbres y las expectativas infladas que en el corto plazo ayudan a avanzar los proyectos pero que en el largo plazo generan una sensación de engaño en la población. Hay que ser explícitos sobre los límites de los acuerdos para evitar que la población alimente expectativa fuera de los acuerdos.
• El objetivo principal de los Procesos de Participación Ciudadana, como las Audiencias Públicas, debe ser incrementar la compresión de la población local sobre a las consecuencias de un Proyecto. El cumplimiento burocrático de esos procesos, sin entendimiento de la población, es preludio de conflictos futuros.

(2) Dinamizar las cadenas locales de valor:

• Medidas en esa dirección son: Maximizar la contratación de mano de obra local, contratación de servicios locales, compra de alimentos e insumos de producción local, etc. No basta con que existan contratistas locales, es necesario un esfuerzo constante de las empresas por elevar el porcentaje de compras y contratación local. Esos resultados deben ser visibles como porcentaje de los gastos totales.
• Propiciar el encadenamiento económico de los sectores de la economía local con la minería. Especial atención debe ser dada a las actividades económicas más importantes para la población: agricultura, comercio, y servicios.

(3) Hacer un manejo preventivo de la conflictividad:

• Monitoreo permanente de los factores generadores de conflictos: sentimientos de agravio por cualquier clase de afectación (ambiental, económico, social, etc.), temores de la población, compromisos incumplidos, expectativas insatisfechas, etc.; para resolverlos antes que se transformen en conflictos.
• Monitoreo permanente de las líneas de acción de los antimineros: agendas políticas, discursos hostiles, campañas de rumores, organización de conflictos, ‘estudios técnicos,’ iniciativas legales, etc. Las implicaciones futuras de esas acciones deben estar claramente visualizadas.
• Monitoreo permanente de la conflictividad, para resolver los conflictos antes que se activen o que se escalen, para que sean resueltos antes que ofrezcan oportunidades para los grupos anti-mineros y de aventureros políticos.
• Formación de capacidades internas y sistemas de gestión en las empresas para identificar y manejar los riesgos y los conflictos sociales, con un enfoque preventivo, y dejen de trabajar como bomberos, apagando incendios.

(4) Proteger y Construir Legitimidad:

• Evaluar las acciones y los gestos de la empresa en términos reputacionales. Todas las acciones y gestos que puedan afectar la confianza de la población local en la empresa deben ser corregidos en forma drástica.
• Monitorear los rumores y mentiras propagados por los grupos anti-mineros y aclarar a la población lo antes posible, para evitar que esos grupos vayan corroyendo la confianza de la población en la empresa.
• Hacer los cambios internos necesarios para que las decisiones en todas las áreas de la empresa sean tomadas considerando las repercusiones sobre la Legitimidad de la Empresa.

(5) Desarrollar mecanismos de comunicación

• Conocer el sistema de creencias y valores de la población local, sus temores y expectativas respecto a la presencia de la minería, dando especial atención a aquellos elementos que son utilizados por los anti-mineros en su narrativa.
• Desarrollar una narrativa de Desarrollo Compartido que sea compatible con ese sistema de creencias y valores, y con un lenguaje que asimile las idiosincrasias y expresiones culturales de la población local.
• Monitorear el flujo de mensajes que recibe la población local, especialmente vía radios rurales y asambleas comunales, y clarificar a la población en relación a los rumores y campañas de temores generadas por los grupos anti-mineros y aventureros políticos.[13] Particular atención debe darse al rompimiento del Cerco Cognitivo[14] montado por los anti-mineros.
• Establecer mecanismos periódicos de consulta, información con los actores más importantes de la sociedad local (empresarios, autoridades políticas, líderes religiosos, etc.) y con la población del entorno rural, respecto a temas claves: agua, impactos económicos, contaminación, infraestructura pública, etc.

 (6) Fortalecer la institucionalidad local

• Conocer la situación de las instituciones locales: urbanas y rurales; y apoyar el desarrollo de capacidades para que sean efectivas en la canalización de las expectativas de sus asociados hacia opciones viables de Desarrollo Compartido.
• Apoyar el desarrollo de una institucionalidad local: credibilidad, capacidad e independencia para monitorear e informar a la población sobre el estado de los recursos naturales y los posibles impactos ambientales y sociales de la minería.[15]
• Hacer visible las deficiencias y incumplimientos de la institucionalidad pública (nacional, regional y local) para que la población pueda entender a quién corresponde las responsabilidades por los problemas que viven.
• Contribuir a un diálogo público en que instituciones locales puedan darle forma al tipo de Desarrollo Compartido que mejor responde a las potencialidades regionales y a las aspiraciones de los agentes económicos y la población.

(7) Minimizar la búsqueda de rentas

• Evaluar si las soluciones que se ofrece generan conflictos futuros, o algún sistema de incentivos que promueve la conflictividad. Los conflictos cuyo propósito es la obtención de provecho privado merecen análisis específicos.
• Corregir los daños eventuales de las operaciones mineras. Corregirlos oportunamente, garantizando que la afectación sufrida por la población haya sido subsanada. Ahorros de corto plazo tienen altísimos costos de largo plazo.
• Descartar la lógica del pragmatismo transaccional y de las soluciones de corto plazo. Desde los gerentes de operaciones hasta el personal que se relaciona con la población deben tener muy claro que las soluciones deben durar décadas, no años ni meses.
• Tolerancia cero hacia la corrupción en cualquier nivel, no sólo porque es anti-ético, sino también porque ese tipo de acciones envía el mensaje de que la empresa es corrupta, y que la corrupción es una manera efectiva de sacar provecho de la empresa, alimentando chantajes futuros. La fiscalización ambiental de una empresa corrupta no tiene credibilidad en la población.
• Los acuerdos con las comunidades deben ser con la participación de las bases. Los acuerdos solo con las dirigencias tienen escasa legitimidad, son inestables y son vulnerables a la acción política de los antimineros.

(8) Fortalecer las acciones de Responsabilidad Social.

• Hacer un fuerte énfasis en el rol de obras por impuestos e iniciativas públicas cofinanciadas como mecanismo de apoyo a las poblaciones locales. Con ello se reduce el despilfarro de los impuestos, especialmente el Canon.
• Focalizar los esfuerzos de Responsabilidad Social en áreas críticas para la población tales como incrementar el acceso al agua. La dispersión temática de los proyectos reduce la recordación de las acciones de responsabilidad social.
• Evaluar los impactos reales de los proyectos de Responsabilidad Social sobre el bienestar de la población y su visibilidad. Los proyectos sociales poco efectivos y no valorados por las comunidades deben de ser descontinuados.

No existen soluciones mágicas. La conflictividad hacia las actividades ligadas a los recursos naturales, en países con instituciones débiles, es parte de las disputas sociales y política. Sin embargo, es posible reducirla drásticamente, si sabemos qué hacer. 

[1] Por razones de simplicidad nos referimos a los actores como si fueran una unidad, pero en realidad, ellos son grupos de actores.

[2] Dado que muchos conflictos por rentas se presentan como si fueran reclamos ambientales, algunas empresas creen que las preocupaciones ambientales de la población son estrategias, simplemente. Sin embargo, los lideres anti-mineros utilizan el discurso ambiental, justamente porque el ambiente es un valor apreciado por la población local.

[3] Los menores precios internacionales incrementan la importancia relativa de los yacimientos con alto potencial mineral, pero muchos de esos yacimientos están localizados en zonas vulnerables a la conflictividad social y política.

[4] La Sociedad Local está conformada por los grupos sociales que habitan las regiones mineras, y por las empresas e instituciones que operan en dichas regiones. Los sectores más importantes para la conflictividad son: las poblaciones rurales cercanas a las minas, las autoridades electas, los empresarios que prestan servicios a la minería, las organizaciones de la sociedad civil, y los actores y medios que juegan un rol directo en el sistema político local.

[5] Un cierre de minas que deje pasivos ambientales o rencores de la población, daña la legitimidad de la empresa que lo hace, pero también daña la reputación de todo el sector y las posibilidades de que se desarrollen futuros proyectos mineros en la zona.

[6] Sin voces autorizadas y relevantes de la sociedad local y nacional que apoyen el desarrollo, difícilmente la población se creerá en las propuestas de Desarrollo Compartido.

[7] Ello debe ir acompañado de una estrategia de visualización de estos efectos económicos positivos para que la población local entienda la relación entre su progreso y la minería.

[8] Una parte significativa de la dinamización de la economía local por la minería se debe al consumo local de los empleados de las empresas mineras y empresas de servicios.

[9] Para que se reduzcan los accidentes, es necesario que las remuneraciones de las áreas operativas sean afectadas por accidentes con repercusiones reputaciones sobre la Empresa.

[10] Muchas familias campesinas, que venden sus tierras a las empresas mineras, no están en condiciones de dejar sus actividades agrícolas y montar otras fuentes de ingresos en las ciudades. Sin tierras ni ingresos, esas familias van sentirse agraviadas toda su vida.

[11] No hay que olvidar que muchas de las opiniones hostiles hacia la minería en poblaciones locales, se basan en su experiencia con el personal de contacto (gerentes de línea e intermedios) y en la exploración mediática que los anti-mineros hacen de esos hechos.

[12] Las creencias locales mandan. La población local tiene que estar involucrada, ello con el fin de reducir la propagación de rumores y la movilización de grupos confundidos por rumores.

[13] Los mensajes deben validarse con grupos focales para ver si el lenguaje y argumentos son adecuadamente entendibles por la población.

[14] El Cerco Cognitivo es el mecanismo mediante el cual los antimineros, en el entorno de un proyecto, toman control de las fuentes y medios creíbles de información y bloquean, mediante la coerción y la descalificación, la llegada de mensajes que puedan disentir de sus posturas. Se puede encontrar el tema más desarrollado en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/cerco-cognitivo-y-conflictividad-minera/

[15] Las instituciones locales que hacen monitoreo deberán ser 100% independientes de las empresas mineras para que sus reportes sean autónomos y creíbles para la población.