Por: Juan Rojas Vargas
En los años de 1970-80 en la Región Puno, fueron las comunidades campesinas que reivindicaron tierras al modelo asociativo CAP (Cooperativa Agraria de Producción), SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social) y ERPS (Empresa Rural de Propiedad Social). Porque estos modelos son los que tenían en su conducción las tierras del Estado. En esos tiempos existían comunidades campesinas socias de las SAIS y no asociadas a las SAIS, estos últimos eran una inmensa mayoría. Por otro lado, había bastantes parcialidades con escasa extensión de tierras.
La demanda de tierras de las comunidades campesinas se hizo justicia a través de la re-estructuración de las empresas campesinas asociativas (CAP, SAIS y ERPS), que ha tenido como resultado la adjudicación de tierras por el Estado a las comunidades campesinas, cooperativas y grupos de agricultores sin tierra (GAST). En la lucha por la re-estructuración del modelo CAP, SAIS y ERPS ha tenido énfasis la participación de las comunidades campesinas no asociadas a las SAIS, también ha estado la intervención de las parcialidades. Aunque, las comunidades campesinas asociadas a las SAIS y feudatarios de las empresas campesinas asociativas, pretendían una re-estructuración que tenga alcance sólo a ellos.
La batuta política y social de la lucha por la tierra a través de la re-estructuración de las CAP, SAIS y ERPS a favor de las comunidades, feudatarios y parcialidades, lideró la Federación Departamental de Campesinos-Puno (FDCP), base de la gloriosa CCP.
Las comunidades campesinas, feudatarias y parceleras con poca extensión de tierras que estuvieron involucradas en la lucha por la tierra vía la re-estructuración de las CAP, SAIS y ERPS, adquirieron el compromiso de trabajar la tierra adjudicada con re-estructuración a través de empresas comunales. El compromiso de laborar la tierra a través de empresas comunales, principalmente fue de las comunidades campesinas.
La empresa comunal se conceptuó como alternativa a la CAP, SAIS y ERPS, que significaba que la producción tenía que estar por encima de la que habían producido las CAPs, SAIS y ERPS. La empresa comunal tenía que ser un nuevo modelo del agro asociativo.
Como el neoliberalismo no ha otorgado políticas de Estado, las empresas comunales que se constituyeron han tenido problemas de carencia de políticas del Estado, capacitación empresarial y corrupción de directivos comunales. La re-estructuración de las CAPs, SAIS y ERPS y el impulso de las empresas comunales surgen en el pleno auge del neoliberalismo en el Perú. La ausencia de políticas de Estado (política agraria), es el crédito agrario y capacitación. Las corruptelas de directivos comunales, se expresó de manera principal a través de los presidentes y tesoreros, porque estos, desaparecían productos agrarios de la empresa y vendían ganados; pero después de la venta presentaban como que se vendió en precios ínfimos. Estas situaciones, llevó a los comuneros y comuneras a que decidan parcelar las tierras que se beneficiaron con re-estructuración, por lo que no se permitió la prosperidad de empresas comunales.
Las comunidades campesinas que poseen las tierras adjudicadas a través de re-estructuración, tienen que responder las interrogantes: ¿Están produciendo la tierra superior que las ex-CAPs. SAIS y ERPS?. ¿Están produciendo la tierra menos que las ex-CAPs, SAIS y ERPS?. ¿O están produciendo la tierra al igual que las ex-CAPs, SAIS y ERPS?.
Con la parcelación de tierras adjudicadas con re-estructuración de las empresas campesinas asociativas a las comunidades campesinas y GAST, existe libertinaje y abuso, por que los que fueron dirigentes comunales en los tiempos de re-estructuración, principalmente los que ostentaron cargo de presidente comunal, se asignaron mayor cantidad de hectáreas de tierras y en mejores ubicaciones (tierras fértiles y con agua), dizque por que perdieron tiempo en la lucha y gestión. Existe como beneficiarios de tierras prósperos comerciantes de carnes rojas, fibras de alpaca, llama y de lanas de ovino. Se conoce que campesinos comuneros agrupados como propietarios productores agropecuarios, independizaron de la comunidad campesina la tierra adjudicada con re-estructuración como en las comunidades campesinas de Corisuyo y Ayabacas-Juliaca. Estos grupos, no han perdido la tierra (parcela) ancestral que existe para ellos en esas comunidades campesinas. Se conoce que después de la parcelación, campesinos comuneros vendieron tierras y luego se mudaron a las ciudades o existen campesinos comuneros que compraron tierras de otros campesinos comuneros hasta llegar a tener 15 a 20 hectáreas de tierras.
En muchas comunidades campesinas, los comuneros desde que son adjudicatarios de tierras con re-estructuración, no admiten como nuevos comuneros a jóvenes campesinos. En otras comunidades campesinas en la actualidad los directivos comunales y profesionales que son hijos de campesinos están empeñados en la parcelación de la tierra adjudicada como en la Comunidad Campesina de Kojra en José Domingo Choquehuanca-Azángaro, donde el ex-alcalde de Santiago de Pupuja de profesión abogado (Pedro Pablo Puma Quispe), es el promotor y legalizador de la parcelación de la tierra. En la Comunidad Campesina de San Juan de Ilata en Capachica-Puno, el ex-alcalde; Santiago Pari Carrera, está en la ejecución de la parcelación de la tierra.
Donde la adjudicación de tierras con re-estructuración de las CAP, SAIS y ERPS en 1986-87, se hizo a una comunidad campesina de un distrito en el territorio de otro distrito, existen abandono de tierras por los adjudicatarios, en muchos casos semi-abandono y apropiación de dichas tierras por los que han sido naturales (feudatarios) en esos predios rústicos. Muchos de estos están en procesos judiciales que nunca terminan como de la Comunidad Campesina de Huataquita de Cabanillas con la Comunidad Campesina de Collana de Cabana y la Comunidad Campesina de Iscallani de Capachica con los ex-feudatarios del ex-Fundo Arroyo de Coata.
Las tierras adjudicadas a las comunidades campesinas, GAST y cooperativas a través de la re-estructuración de las empresas campesinas asociativas, están consideradas como propiedad del Estado peruano, por lo que el libertinaje sobre la tierra en el medio rural el Estado tiene que poner orden a través de supervisión del manejo de la tierra. Las comunidades campesinas y campesinos, son una parte del Estado, por que el Estado, también son los obreros y trabajadores no manuales.
La parcelación de la tierra, ha puesto en serios problemas a las comunidades campesinas como la no concurrencia a las asambleas y el abandono de unión de carácter distrital, provincial y regional. La mayoría de los trabajos que les tiene a las comunidades campesinas por las instituciones del Estado, se realizan de manera individual y no de forma comunal.
Como las instituciones del Estado y organismos no gubernamentales (ONG), aplican políticas de trabajo de carácter individualista, a las comunidades campesinas les dicen explícitamente que no van a trabajar con la comunidad, sino trabajarán con grupos organizados, entonces; muchas comunidades campesinas se han visto obligados a constituir grupos y asociaciones de productores agropecuarios, por lo que las comunidades campesinas tienen problemas institucionales y otras ya tienen desintegración de hecho.
Claro que por su puesto, aun así, todavía hay para tiempos la comunidad campesina. Aunque no quisieran los neoliberales.
Hoy las comunidades campesinas y el agro, tienen el reto enorme de vencer el neoliberalismo o no, junto a ello tienen que dotarse de una modernización del trabajo de la tierra de manera empresarial.
